“Lo que se busca es atacar las prácticas abusivas del monopolio o de una posición de dominio en el mercado”, explicó el diputado Carlos Barreda.
Se explicó que los casos se discutirán en los ámbitos administrativo y contencioso-administrativo, por lo que el castigo no sería de cárcel sino con sanciones de entre 8% y 10% de los ingresos de la empresa.
Se crea una superintendencia, pero se cambió la propuesta original y las multas no formarán parte de su presupuesto.
Además, se creó un capítulo específico que regula la prohibición o aceptación, bajo condiciones, de las concentraciones de servicios —como fusiones, compras o absorciones—, los cuales la superintendencia tendría que aprobar o improbar antes de efectuarse y para lo cual dispone de un plazo de 90 días. Ese ente solo podrá efectuar inspecciones en las empresas con orden de juez.
Se crea un capítulo para defensa y descargo de señalamientos. Se requiere de Q20 millones para funcionar el primer año.
Rubén Morales, ministro de Economía, dijo que está satifecho a pesar de los cambios, ya que luego de 25 años se logró hablar del tema.
