Abogados de las víctimas y sus familiares solicitaron al Tribunal que se mantuviera una medida precautoria contra el referido monto, para que se garantizara el pago de responsabilidades civiles, por la muerte de enfermos renales afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), después del cambio que se hizo para que Pisa continuara con el tratamiento médico, que afectó a varios pacientes.
La PDH fue la primera institución que conoció la denuncia por el deterioro de la salud de enfermos renales afiliados al IGSS.
La entidad emitió una sentencia en la que declaró que el IGSS violaba derechos humanos de sus afiliados, y en especial de los enfermos renales.
El caso fue remitido al Ministerio Público, para que se investigaran las causas del deterioro de la salud de los referidos enfermos.
Se determinó que la institución cambió de empresa para suministrar el tratamiento de diálisis peritoneal, y que Droguería Pisa sustituyó a Baxter.
Droguería Pisa fue beneficiada con un contrato por Q116 millones, durante la gestión de Juan de Dios Rodríguez como presidente de la junta directiva del IGSS.
A la fecha han fallecido 56 enfermos renales, afiliados al Seguro Social, quienes recibieron tratamiento por Droguería Pisa.
La cuenta se suma a otra, con Q3 millones, que también se encuentra embargada, de la que Pisa solicitó que se cancelara la medida, pero el Tribunal rechazó la petición.
Por el caso varias personas enfrentan a la justicia, entre ellos los exintegrantes de la junta directiva del IGSS, dirigida por Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del entonces presidente Otto Pérez Molina, así como representantes de la droguería.
La solicitud de las víctimas se hizo durante el juicio que se tramita por los casos IGSS-Pisa e IGSS-Chiquimula, por supuestas transacciones irregulares en el Seguro Social.
Antecedentes
El pasado 24 de octubre comenzó el juicio, 20 días antes murió la presidenta de la Asociación de Pacientes de Diálisis Peritoneal, Sorayda Mirna Macz Ortiz, quien estuvo entre el grupo de afiliados al IGSS a quienes Pisa dio tratamiento.
Macz Ortiz fue quien denunció que la salud de enfermos renales del Seguro Social resultó perjudicada con el cambio de empresa, contratada por Q116 millones, para dar continuidad con el tratamiento.
Por el estado de su salud, la activista fue ingresada a la emergencia del IGSS, pero hasta el 3 de octubre último sus familiares y su abogado no tuvieron acceso a su expediente clínico.
A partir de la denuncia, las autoridades comenzaron una investigación que derivó en un proceso penal contra 17 personas que enfrentan debate: seis exintegrantes de la junta directiva, ocho empleados del IGSS y tres particulares, entre quienes figuran dos representantes de Droguería Pisa.
El Tribunal suspendió sus vacaciones para continuar con el juicio.
Pacientes buscaron justicia
Enfermos renales mantuvieron acciones judiciales por cambio de empresa.
Sorayda Macz
- Presentó la denuncia que originó la investigación del caso.
- Murió el 4 de octubre pasado, 20 días después comenzó el juicio.
- Tenía 43 años, estaba casada y era madre de dos niños.
Ángela Molina
- Escribió un diario en el que manifestó el sufrimiento por su enfermedad y el tratamiento que le dio Droguería Pisa.
- Murió en octubre del 2015, a sus 29 años, y durante 11 años mantuvo tratamiento de hemodiálisis.
Salvador Camajá
- El 21 de mayo del 2015 habló con Prensa Libre, en una cama del hospital del IGSS en la zona 9.
- Estuvo internado durante 29 días, por complicaciones de salud a causa del tratamiento de Pisa. Murió el 18 de junio de ese año.
