Por este último rubro fueron acusados José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente, respectivamente, imputados por el MP de simular un evento de compra de alimentos que en realidad fue utilizado para adquirir canastas navideñas para empleados del Registro General de la Propiedad (RGP). Para ellos, la Fiscalía solicitó 8 y 11 años de cárcel, respectivamente.
Según el MP, las canastas entregadas a los trabajadores tenían 11 productos y fueron cotizadas en Q159.50. Sin embargo, el RGP pagó Q269 mil 933 a través de tres facturas por 564 canastas, por lo que cada una costó Q478.60, más de tres veces el precio comercial.
La investigación involucra a Samuel Morales, representante legal de Plus Espectáculos y Promociones, S. A., de facilitar facturas para el cobro de Q89 mil 975 al RGP. Según la investigación la simuló hacer entrega de servicios de alimentación para 40 personas, durante tres tiempos de comida, pero en realidad cubría el costo de las canastas, según el expediente.
Samuel Morales intentó ser inscrito como candidato a diputado por el partido oficial, FCN-Nación, en el pasado proceso electoral, pero el Tribunal Supremo Electoral no admitió su inscripción.
Otro de los elementos presentados en el juicio fue una factura de Plus Espectáculos y Promociones, por Q89 mil 958, detalla la compra de las canastas que fueron entregadas por Abdy Estrada García, madre de la exnovia de José Manuel Morales Marroquín.
El hijo del mandatario admitió frente a un juzgado, el 20 de enero de 2017, que utilizó facturas por servicios inexistentes y que fueron obtenidas de las empresas de su tío, Samuel Morales, y de un amigo cercano, el diputado de FCN-Nación al Parlamento Centroamericano, Ottmar Sánchez, del restaurante Fulanos y Menganos.
Un lento proceso
Pese a que el caso entró en fase de debate el 30 de agosto de 2017, su resolución se conocerá hasta casi dos años después. Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, este es uno de los procesos más largos en la etapa de juicio que el conozca.
“Para este momento se ha diligenciado casi la totalidad de la prueba, el Ministerio Público, sin embargo, llama mucho la atención que las audiencias han sido programadas casi al límite, 10 días, de media entre una audiencia y la subsiguiente. Como le reitero, este es el primero de los casos que yo recuerde que haya tardado tanto tiempo en el diligenciamiento de la prueba”, explica el jurista.
El estudio “Sistema de Justicia Penal en Guatemala: un proyecto en progreso”, realizado por el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, refiere que “los debates están incumpliendo el principio de inmediación y concentración. La mayoría de debates se celebra de manera difusa con intervalos prolongados entre sesiones”.
En el estudio se detalla, luego del análisis de 553 expedientes judiciales, de entre 2 mil 797 registrados, entre 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, que la etapa de juicio oral tiene una duración promedio de 73 días. El caso Botín Registro ha durado en esta fase casi diez veces más: 719 días.
Según el Código Procesal Penal, en su artículo 360, una vez iniciado el debate este continuará “durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez”, salvo excepciones registradas en la ley como enfermedad de alguna de las partes del proceso. Un análisis de los días hábiles entre audiencias del caso.
Durante el 2018, exceptuando los periodos de recesos, los días entre audiencias comienzan a aumentar llegando al máximo del plazo, con 9 días de diferencia en algunos casos. Esta tendencia continuó en 2019 hasta extender la fase de debate.
Complejidad del caso
“Aquí la complejidad vino en el momento procesal en que fueron vinculados los parientes del Presidente de la República, entonces -influyó- el factor presión, mediático, de las propias autoridades gubernamentales” señaló el fiscal.
En materia de factores que pudieron haber retrasado el proceso, la abogada María Fernanda Galán, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señala dos tipos: factores internos como la carga de trabajo de los juzgados, “que provoca que se realicen audiencias de media hora, una hora que tengan que suspenderse”. Y factores externos, como las acciones presentadas por los abogados defensores, o el mismo MP.
Por su parte, el abogado José González, analista de Impunity Watch Guatemala, señala que en estudios realizados por este centro de investigación que “un debate de más de 500 días sí podría considerarse que ha sido un debate prolongado”.
“Definitivamente el retraso procesal tiende a ser de tal magnitud que trasciende no solo las circunstancias en el que se cometieron el delito, si no también personales de los procesados, y también porque no pensarlo de las distintas autoridades que pueden llegar a conocerlo” comentó el abogado de Impunity Watch.
“Entonces, podemos pensar que una justicia que se imparte con tanta lentitud, tanto letargo, lo que busca es variar estas condiciones en que si hubiéramos tenido un proceso en un periodo ordinario” dijo González.
Respecto a este caso, el abogado defensor de Samuel Morales, Óscar Poroj, declinó brindar declaraciones. Los integrantes del Tribunal Décimo Tercero Penal, Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno, que lleva el caso Botín en el Registro de la Propiedad, declinaron referirse a las condiciones que pudieron retrasar la fase de debate de este proceso, que sumará hoy 719 días.
En su lugar, Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, indicó que la duración del proceso respondió a la agenda del Tribunal y que se buscó cumplir “con el principio de celeridad procesal”.
El vocero hizo énfasis en que en este tribunal los tres juzgadores llevan de manera individual también otros procesos, lo cual complica el hacer coincidir la agenda de todos los integrantes.
Para hoy se espera el cierre de este juicio con el veredicto del Tribunal. Más allá de las repercusiones de este proceso judicial en el ámbito político, el caso Botín en el Registro de la Propiedad pasará a los anales como uno de los más extensos, llevado por un tribunal ordinario en la fase de juicio oral o debate.
Línea de tiempo
El caso surge de una investigación de plazas fantasma en el Estado. La investigación también incluyo el pago por servicios y productos inexistentes durante la gestión de Anabella de León según la causa judicial.
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Capturan a exregistradora Anabella de León y otras 21 personas por el desembolso de Q3 millones en plazas fantasma y pagos anómalos en servicios de banquetes por Q150 mil.
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José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales son arraigados.
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La jueza Sexta de Instancia Penal, Silvia De León, resolvió enviar a juicio a 25 personas vinculadas en el caso Botín Registro.
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El 30 de agosto de 2017 dio inicio el juicio por el caso Botín Registro de la Propiedad ante el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia penal.
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Amparo de la defensa de los acusados busca que caso Botín Registro deje ámbito penal.
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El Tribunal Décimo Tercero Penal decretó de oficio el abandono de la abogada Amanda Trejo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso.
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Sala Tercera de Apelaciones confirma que Cicig queda fuera de caso Botín Registro.
