La ingobernabilidad tiene una mecha muy corta que pende sobre el Congreso de la República. Primero fue la elección, presumiblemente transada con influencias del Ejecutivo, de la próxima junta directiva, que deberá asumir el 14 de enero.

A esa circunstancia se suma el dictamen favorable que emitió la Comisión de Finanzas sobre el presupuesto de gastos para el 2017, que contempla una reducción de Q2 mil 840 millones a lo solicitado por el Gobierno central, que además ha declarado que no cuenta con un plan B si no se logra revertir la recomendación, que de todos modos deberá pasar al pleno.

En el primer caso, todo parece indicar que las fuerzas yuxtapuestas que se han adueñado del Congreso podrían sentirse ganadoras del pulso en el que se enfrascaron con la UNE por el control de los más altos cargos y dominio de comisiones para el próximo año, aunque cabe señalar que este último partido tampoco se comportó de una forma coherente y proactiva.

La hegemonía de los oficialistas, incluidos los tránsfugas que fingen tener comunión de ideales efecenenacionistas, solo será posible si esa alianza pegada con chicle se logra mantener a base de corruptas concesiones o en obras, porque los antecedentes de quienes ahora integran ese grupo son clara evidencia de que solo están movidos por oscuros intereses.

También habría que suponer que los diputados de oposición que integran la segunda bancada en el Congreso se queden quietos, lo cual obviamente no ocurrirá y, por el contrario, es más probable que algunos inconformes del oficialismo se cambien de bando cuando no fluyan los recursos y prebendas que por ahora los han hecho converger en una alianza cortoplacista que ya deja ver sus malos rumbos al ser aplaudida incluso por sindicalistas cuestionados por sus exorbitantes salarios.

El caldo de cultivo hecho a base de dobles discursos, cambios electorales tibios y transigencia con políticos camaleónicos amenaza con volverse muy tóxico en la discusión del presupuesto, pues los recortes de los uneístas tienen una clara intención de castigar programas típicamente clientelares, algo en lo cual fueron expertos cuando hicieron gobierno y cuyos mayores golpes los reciben los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Social.

La Comisión de Finanzas también envía un mensaje al Ejecutivo al fortalecer el presupuesto del Ministerio Público, de la Defensa Pública Penal, de la Corte de Constitucionalidad y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo cual contrasta con las reducciones en las carteras de la Defensa y de Comunicaciones, que en los anteriores gobiernos se constituyeron en enormes fuentes de corrupción.

Sin duda, el Ejecutivo y la directiva afín intentarán desmantelar el intento de controlar el manejo de los recursos, e incluso se habla de que bloquearían la iniciativa para que quede vigente el de este año y así trabajar con modificaciones, pero es una senda arriesgada porque la voracidad de ciertos congresistas es tal que podrían empezar a torpedear la misma alianza que apoyaron, simplemente si consideran que no les cumplen sus demandas clientelares.