Una semana después de la mayor operación de este tipo en al menos una década en EE.UU., “el miedo sigue ahí”, dijo Leydi, que fue arrestada junto a su madre y su tía, aunque fueron puestas en libertad poco después con la condición de resolver su situación migratoria ante un juez.
“Nunca nos imaginamos que ese día nos iba a tocar”, confesó esta joven de 23 años, que llegó al país después de que su madre decidiera traerla tras la muerte de su abuela, que entonces cuidaba de ella.
“Muchas de las historias que he escuchado es que (a otros detenidos) no les apuntaron con las pistolas. A nosotros sí que nos apuntaron con pistolas, nos dijeron que levantáramos las manos”, relató Leydi, quien aseguró que estaban en el área de producción y que en otros casos las detenciones se hicieron fuera del comedor de la fábrica.
Esta migrante se dedicaba en ese momento a supervisar la entrada y salida de la producción de la planta, que cuenta con clientes en Texas, Kansas, Georgia y Carolina del Norte.
“Lo que hizo mucha gente es correr, el departamento tiene salidas de emergencia, pero como eran muchos los agentes nos rodearon rapidito a todos”, rememoró.
Según estimó Leydi, en el lugar se encontraban unas 100 personas en el momento de la redada, en la que participaron “como unos 25 oficiales” migratorios.
“Nos soltaron al final de la noche”, añadió Leydi, quien ese día, el 7 de agosto, llegó a su casa junto a su madre y tía entre las 10 y las 11 de la noche, aunque hubo muchos liberados en la madrugada e incluso al día siguiente.
Una semana después, el esposo de su tía continúa detenido, al igual que otros 376 inmigrantes que continúan arrestados, mientras que ella aguarda para asistir dentro de cuatro meses a una cita con las autoridades de Inmigración donde se definirá si podrá seguir en el país o será deportada.
“No estamos trabajando, no se nos permite trabajar”, apuntó Leydi, quien expresó su preocupación ante el momento en que se agoten los ahorros y por su suerte frente el juez migratorio.
“Mucha gente tiene miedo de salir, de estar fuera por si pasa esto, por si pasa lo otro -lamentó Leydi-. Ves las calles, pues totalmente vacías. No es que de repente antes de que pasara esto ibas a Walmart, ibas a acá, ibas por las tardes a comprarte un helado, estaba ahí la gente hispana comprando y haciendo todo esto, ahorita no ves a nadie en las calles”.
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Siete días después de la redada, muchas familias siguen divididas por la detención de los padres, como un caso que conoce Leydi, en el que el marido debe atender a cuatro pequeños, ya que su esposa está arrestada.
Además, muchos de los liberados que regresaron a trabajar han sido “sacados” debido a que portan un grillete electrónico para evitar su fuga.
Consultada sobre la situación en Misisipi, Julia Solórzano, abogada de la organización Southern Poverty Law Center, la consideró “muy caótica”, ya que “hay muchas necesidades inmediatas”.
“Las familias necesitan pagar sus cuentas, no tienen a sus miembros que trabajaban para esas plantas, necesitan dar comida a los niños, necesitan cuidar de ellos, ellos han sufrido mucho trauma a causa de esa redada”, comentó Solórzano.
Según esta jurista, existe mucha preocupación: “Hay familias que no saben dónde están sus familiares, no han oído nada de ellos, no han recibido llamadas, no saben en qué estado están encarcelados. Entonces, ahora es un periodo de mucha confusión y mucha ansiedad”, sostuvo.
“Es muy lamentable que el Gobierno esté enfocando ese tipo de operaciones en esos trabajadores que son tan vulnerables y que los empleadores, aunque supuestamente son también parte de la operación, no sufren las consecuencias que los trabajadores siempre sufren”, concluyó la experta, al afirmar que contra esa industria hay denuncias de acoso sexual, robo de salarios y tráfico de personas.
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