El convenio obligaba a los propietarios de autobuses integrados a esta asociación a comprar tres mil 195 buses —tres mil corrientes y 195 articulados—, pero solo adquirieron 495 unidades.
Durante las verificaciones de las autoridades fue encontrada en bodegas una gran cantidad de aparatos del sistema prepago cuya adquisición no está justificada.
“Los aparatos no se instalaron y la cantidad sobrepasaba a la de buses adquiridos, por mucho”, confió un investigador cercano al caso.
Otra fuente consultada refirió que la Fiscalía investiga el estado de los aparatos, muchos incluso son obsoletos, y otros, incompletos.
Las pesquisas se orientan, además, a la responsabilidad de los exfuncionarios que avalaron la compra.
En octubre del 2015, la Procuraduría General de la Nación envió un dictamen a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público que señala que “el referido aporte económico de inversión se podría considerar como en detrimento al patrimonio del Estado”.
El informe fue entregado a solicitud de la Fiscalía, que pidió la opinión de la PGN sobre el fundamento legal para que el Estado avalara el préstamo millonario para la compra de equipo en la implementación del sistema prepago.
La PGN respondió: “No existe una normativa específica que faculte al Estado a efectuar aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos”.
Desde mayo del 2012, las fiscalías Metropolitana, contra la Corrupción, de Crimen Organizado y Especial contra la Impunidad (Feci) han conocido denuncias vinculadas con el Transurbano, pero en ninguna se da cuenta del avance de las pesquisas.
El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, sostiene que es la Fiscalía contra la Corrupción la que conoce el proceso.
Prensa Libre consultó a Stuardo Campos, encargado de la Fiscalía contra la Corrupción, pero no respondió ningún cuestionamiento, ni siquiera si el proceso estaba a su cargo.
La fiscal general, Thelma Aldana, tampoco reveló en manos de quién está la investigación y refirió no estar autorizada por la Ley para compartir detalles.
Subsidio, bajo la lupa
El Transurbano fue impulsado durante la administración de Colom y se presentó como una alianza público-privada en conjunto con la comuna capitalina.
El MP conoce una segunda denuncia por irregularidades en la ejecución del subsidio de Q18 millones.
El objetivo de ese fondo es darle mantenimiento a los buses. El monto se habría repartido entre 30 empresas. En ese grupo se encontraron, incluso, buses fuera de servicio que recibieron la ayuda, confió uno de los entrevistados.
“El proceso está en reserva en la Fiscalía contra la Corrupción. Hemos aportado la información y la documentación requerida”, afirmó Sergio Vásquez, vocero del Transurbano.
Cuatro años han pasado desde que comenzaron las investigaciones. Según Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, deben repartirse responsabilidades penales tanto en particulares como entre los exfuncionarios que autorizaron los aportes para que el sistema entrara en marcha.
