De hecho, analistas coinciden con que el convenio comenzó mal incluso desde antes de ser firmado, puesto que ninguno de los dos gobiernos, pero especialmente el de Guatemala, lo socializó con los sectores directamente afectados.
Este viernes un grupo de 22 fiscales generales de igual número de estados de EE. UU. se unió a las muestras de rechazo al convenio, y en una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, le aseguran que el acuerdo signado viola la Constitución de ese país porque discrimina a los solicitantes de asilo por su origen étnico y su país de nacimiento, con lo cual se viola la Quinta Enmienda.
En la carta, los fiscales traen a colación declaraciones de Trump en las que aseguró que los solicitantes de asilo en la frontera sur eran violadores, miembros de pandillas y narcotraficantes, esto como argumento de que la política del gobierno estadounidense está motivada por cuestiones raciales.
En otras palabras, los fiscales cuestionan porqué se le da un trato diferente a los requirentes de ese alivio migratorio de El Salvador y Honduras al que se le da al del resto de países del mundo.
En ese sentido, de acuerdo con las cifras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cada año, EE. UU. recibe solicitudes de refugio y concede ese estatus a miles de personas del mundo y, aunque se registra una gran cantidad de salvadoreños y hondureños, no son la mayoría.
En el 2018, por ejemplo, fue China el país de donde más personas recibieron refugio en EE. UU. con 77 mil 710, luego se ubicaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica que sumaron, El Salvador, 22 mil 152 solicitudes, Guatemala, 17 mil 610 y Honduras, 12 mil 578.
Le siguen otras naciones como Venezuela, 11 mil 259; México, 9 mil 271; Siria, 7 mil 998; Nepal, 7 mil 53 y Rusia con 5 mil 813. A pesar de estas cifras. EE. UU. ha tomado medidas para restringir el asilo solo a los solicitantes de los países centroamericanos.
Más presiones
La carta de los fiscales estadounidenses, que juntos representan a los estados de la Unión Americana que han recibido al 68% de los solicitantes de asilo que concede EE. UU., se divulgó en Guatemala un día después de que la Casa Blanca emitiera un mensaje mediante el cual el asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, presiona al país centroamericano para que implemente el convenio.
“Necesitamos la ayuda de Guatemala implementando este acuerdo. No perdamos esta oportunidad. ¡Ayudémonos mutuamente!”, subrayó el funcionario en un video publicado en español.
Además, el asesor estadounidense destacó el acuerdo laboral firmado entre ambos países el cual calificó de “histórico” y que “solo beneficiaría a los guatemaltecos”. Adicionalmente ofreció que el Gobierno de EE. UU. prepara “un paquete de financiamiento para proyectos económicos de desarrollo” que también beneficiaría al país.
También enfatizó en que el número de solicitantes de asilo en Guatemala sería “previamente acordado” y que “solo serían de Honduras y El Salvador”. A la vez expuso que el Ejecutivo guatemalteco no gastaría recursos para implementar el acuerdo puesto que EE. UU. está comprometido en cubrir los gastos.
Era de esperarse
Al respecto de la carta de los fiscales, el abogado Pedro Pablo Solares, experto en temas migratorios, expuso que no extraña que dentro del sistema legal estadounidense se alcen voces que llamen a la cordura y a la humanidad al Gobierno de EE. UU. puesto que es “absurdo” que una potencia mundial solicite a un país como Guatemala ayuda para resolver la crisis humanitaria que se vive en la frontera con México.
Para Solares el hecho que 22 fiscales generales hayan firmado la carta es muy significativo, sobre todo, porque en algunos de los estados representados, como Iowa, Michigan y Pensilvania, son tradicionalmente republicanos y en ellos Trump obtuvo la victoria en las elecciones del 2016.
“Esta oposición no es partidaria no responde a la pugna partidaria entre demócratas y republicanos, sino que trasciende esa pugna al haber el apoyo de estos estados”, apuntó Solares.
Añadió: “El acuerdo de tercer país seguro bloqueaba la posibilidad de legítimos solicitantes de asilo, enviándolos a un país que evidentemente no tiene la capacidad para procesas esas solicitudes”, subrayó el abogado, para quien las posibilidades de un país para ofrecer asilo van más allá de la seguridad ciudadana, sino que involucra educación, infraestructura, vivienda e incluso empleo.
Espaldarazo
Para el internacionalista Jorge Wong, la postura de los fiscales estadounidenses es un espaldarazo que se brinda a los demócratas tras la vista de una comitiva de congresistas a Guatemala la semana pasada. Además, destacó que la postura contraria al convenio está firmada por un grupo estadounidense que representa la parte lega.
Para el experto, los fiscales valoraron la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU. que dice que a nadie se le puede privar de la vida, o la libertad sin el debido proceso legal.
“Lo que se hace es un llamado por otro sector diferente a los demócratas para hacer ver que la política del tercer país seguro no vale la pena y pone en riesgo la Quinta Enmienda y pone mucha presión sobre Guatemala, porque la gente que llegue a pedir asilo allá sin pedir asilo antes en Guatemala va a ser discriminada”, añadió Wong.
El experto explicó que, aunque el hecho de que Guatemala no tiene las capacidades para ter un tercer país seguro se ha repetido hasta la saciedad; sin embargo, no es lo mismo que lo diga un sector que representa a la legalidad y justicia de EE. UU.
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