Hago eco del leído artículo del colega columnista Danilo Parrinello de la semana pasada, en el que señala el sospechoso silencio mediático sobre un tema que debería tener mucho más exposición y discusión pública como lo es el pago de resarcimientos anómalos a supuestas víctimas del conflicto armado.

Un poco de historia: En el año 2011 el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) denunció a Mario Polanco y al GAM por el delito de estafa, debido a la falsificación de 10 testimonios de supuestas víctimas del enfrentamiento armado. A raíz de esto, la Fundación contra el Terrorismo decidió acudir al MP para constituirse como querellantes adhesivos, pero al buscar el expediente descubrieron que se había “perdido”.

Solicitaron una copia de la denuncia al PNR por la vía oficial, y le proporcionaron a la Fiscalía Distrital no. 7 del Ministerio Público una copia autenticada para que iniciase las investigaciones. Al poco tiempo el MP pudo verificar la existencia “no sólo de los 10 casos que se incluían en la denuncia original, sino que muchos más, por lo que la fiscal a cargo solicitó a un juzgado una orden de secuestro de los archivos del PNR, misma que fue otorgada por el juez recientemente y autorizando la participación de la Fundación Contra el Terrorismo como querellante adhesiva en el caso”.

Danilo Parrinello señala “que presentar una serie de casos de supuestas víctimas del Conflicto Armado Interno con la intención de que las mismas sean resarcidas económicamente, mediante testimonios y documentos que han resultado ser falsos es una estafa al Estado.

Concluye Parrinello diciendo que si esta denuncia del intento de estafa del GAM involucrara a un militar, a un empresario, ministro, o diputado, inundaría las primeras planas de las mass media, pero como el señalado es de los políticamente correctos, no se dice nada.

He escrito sobre el terrible incentivo perverso que han generado los “resarcimientos económicos”, tanto para las supuestas víctimas como para las oenegés que las promueven. Cabe preguntarse si habría tanto interés por conseguir las condenas si no estuviese pegada a la teta del entrelineado legal el “resarcimiento económico”, el cual se ha calculado en no menos de Q200 millones.

Pocos saben los efectos tan negativos y perjudiciales que los pagos por resarcimientos han causado en la narrativa de la memoria histórica de este país para distorsionar los hechos acaecidos durante la guerra. No solo hubo cambio de testimonios con ene cantidad de scripts preparados para encajar en las normativas del resarcimiento, sino que se perdieron valiosos testimonios que hubiesen traído a luz la verdad.

Y aunque hay que abordar el tema de la dignificación de las víctimas, se debe hacer pero con un criterio de inclusión para todos. Un embajador muerto de un tiro en la cabeza; un periodista abatido a tiros, un empresario asesinado de un balazo; un soldado destrozado por una bomba, todos tienen derecho al mismo volumen político de petición humanística de dignificación. Lamentable es, sin embargo, que la estrategia se esté yendo por la tangente politiquera buscando recompensas dinerarias y revanchas ideológicas.

¿Menciona alguien a alguno de los cientos de oficiales y soldados del Ejército que perdieron la vida o andan en silla de ruedas? Esa es la gran responsabilidad de los que iniciaron la guerra. Cicerón, un siglo antes de Cristo les hubiera dicho: “Preferiría la paz más injusta a la más justa de la guerras”. O esta otra sentencia del escritor y dramaturgo francés Jean Anouilh: “Todas las guerras son santas, os desafío a que encontréis un beligerante que no crea tener el cielo de su parte”.

Los remanentes de esos movimientos guerrilleros ahora convenientemente vestidos de defensores oenegeros pro derechos humanos se han apropiado de la dignidad de las víctimas promoviendo resarcimientos tramposos.

Es hora que se acabe ese circo.