En mayo del año 2008 se aprobó la Ley Contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, con la cual se sanciona con penas de prisión de hasta 50 años a los asesinos de las mujeres.
Sin embargo, la legislación “por sí sola no puede surtir efectos” y necesita que otras instituciones, como el Ministerio de Gobernación (Interior), la Fiscalía y el Organismo Judicial, accionen conjuntamente contra esta lacra, que desde el año 2008 se “incrementó de una manera abrupta”.
En ese año, el número de mujeres asesinadas fue de 537, mientras que en 2009 fue de 610, en 2010 de 842, en 2011 hubo 710, en 2012 de 708, en 2013 fueron 752, en 2014 subió a 759 y el año pasado creció hasta las 766.
La causa de muerte más habitual durante este período analizado es por arma de fuego, seguida de asfixia, arma blanca y decapitaciones o desmembramientos, estos últimos son unos crímenes que evidencian “planificación, alevosía, ventaja y premeditación”.
Los departamentos más violentos para las mujeres son Guatemala y Escuintla, con una tasa anual de 10 por cada 100 mil habitantes en 2015, y la edad de las víctimas oscila entre los 20 y los 24 años.
Teniendo en cuenta las evaluaciones por maltrato realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en 2015, un total de 3.749 en todo el país, el GAM determinó una tasa de maltrato a nivel nacional de 23 víctimas por cada 100 mil habitantes, siendo Zacapa el que reporta una cifra más alta, con 96.
Ante esta situación, el GAM asegura que a pesar de la excelente “legislación”, no hay inversión económica y no se trata la violencia intrafamiliar, que ha ido en incremento en los últimos años y que requiere de educación para ser erradicada.
