Derechos Humanos en Cuba después de Fidel Castro

“La pregunta ahora es: ¿cómo se verán los derechos humanos en la Cuba del futuro?”, dijo el sábado Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La vida de muchas personas depende de esa respuesta”.        
 
Bajo Raúl Castro, Cuba se ha alejado del encarcelamiento de prisioneros políticos condenados a sentencias extensas, y en su lugar se han realizado miles de arrestos breves cada año, lo que los cubanos disidentes interpretan como un modo de acosarlos e irrumpir en cualquier intento por crear organizaciones políticas. Los cubanos hoy se sienten más libres para criticar a sus gobiernos en público, pero cualquier intento por protestar o manifestarse es rápidamente anulado.
 
Periodistas independientes operan dentro del sistema, pero encuentran casi imposible distribuir material impreso y constantemente reportan acoso por parte de las autoridades.   
 
Geoff Thale, director de programas de la Oficina de Washington para Latinoamérica, dijo que la muerte de Fidel Castro significó que los políticos de línea dura que se oponen a las modestas reformas de su hermano menor se debilitarían y que “tenemos esperanza en que un debate político abierto se levantará”.
 
Al discutir los registros de derechos humanos de su país, oficiales cubanos y abogados de derechos humanos señalaron que el gobierno revolucionario bajo Fidel Castro llevaba a cabo una campaña de alfabetismo masiva y mejoró dramáticamente las vidas de millones de personas, a quienes se les otorgaron mejores viviendas y servicios de salud.
 
Por esto, su liderazgo debe ser aplaudido”, dijo Guevara-Rosas, de Amnistía. Sin embargo, hizo notar que el medio siglo que Castro permaneció en el poder también se caracterizó por lo que ella misma calificó como “una represión despiadada a la libertad de expresión”, que a veces incluía encarcelamientos a largo plazo para las personas que hablaban fuertemente en contra del gobierno cubano.
 
En los primeros años que siguieron a la revolución de 1959, cientos de ejecuciones colectivas se realizaron mientras los nuevos líderes de la nación llamaron a lo que ellos describieron como justicia revolucionaria.  “¡A la pared!” coreaban mientras miembros del depuesto gobierno del presidente Fulgencio Batista eran rápidamente probados y alineados frente a los pelotones de fusilamiento.               
 
Cuba mantiene la pena de muerte, con castigo capital llevado a cabo por estos pelotones, aunque su uso ha declinado con los años.               
 
Entre los casos más recientes de ejecuciones de este tipo se incluyen las de tres hombres acusados del secuestro de un ferry de pasajeros en 2003. Las ejecuciones coincidieron con una campaña y sentencias rígidas de hasta 28 años para 75 de los críticos más ruidosos del gobierno, acusados de recibir dinero y colaborar con diplomáticos estadounidenses para minar el liderazgo de Cuba.
 
Bajo Raúl Castro, las sentencias de largo plazo para actos no violentos de disidencia se han vuelto cada vez menos comunes y han sido reemplazados por acoso y arrestos de corto plazo. 
 
“Las leyes orwellianas que permitieron su encarcelamiento, y los encarcelamientos de miles antes de ellos, permanecen en registros y el gobierno cubano sigue reprimiendo individuos y grupos que critican al gobierno o lo señalan por derechos humanos”, dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch.