Desde la muerte del revolucionario acaecida el viernes último en la noche, los cubanos han defendido el historial de Castro, mientras que grupos defensores de los derechos humanos dijeron esperar que el hermano y sucesor del exgobernante, Raúl Castro, se movilice con más rapidez para permitir que los cubanos tengan una mayor libertad de expresión, reunión y otros derechos básicos.
“La pregunta ahora es: ¿cómo se verán los derechos humanos en la Cuba del futuro?”, dijo el sábado Érika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. “La vida de muchas personas depende de esa respuesta”.
Bajo el mando de Raúl Castro, Cuba ha dejado de encarcelar e imponer largas sentencias a presos políticos y en su lugar se realizan miles de arrestos breves cada año, lo que según los disidentes es un modo de acosarlos e interrumpir cualquier intento por crear organizaciones políticas.
En la actualidad, los isleños se sienten más libres para criticar a su gobierno en público, aunque cualquier intento por protestar o manifestarse es rápidamente anulado. Hay periodistas independientes dentro de la isla, pero encuentran casi imposible distribuir material impreso y reportan acoso frecuente por parte de las autoridades.
Berta Soler, líder del grupo disidente Damas de Blanco, dijo el domingo reciente que ella y sus simpatizantes decidieron no efectuar su protesta que realizan de manera habitual al término de una misa en una iglesia en La Habana, en un gesto de respeto a los seguidores de Fidel Castro.
“Hemos decidido respetar, ya que somos defensoras de los derechos humanos, respetar el dolor ajeno, que no es nuestro”, afirmó Soler. “Este domingo hemos decidido parar, recesar nuestras actividades de manifestaciones, puesto que el país está en duelo nacional… queremos que el gobierno le rinda homenaje al dictador Fidel Castro con tranquilidad”.
A muchos cubanos ordinarios les irritan las restricciones que hay en el país, pero aseguran estar menos preocupados de las libertades civiles que por ganar dinero suficiente para la compra de alimentos y otros productos básicos.
Durante décadas, los cubanos más frustrados con las restricciones a su existencia abandonaron la isla en busca de una nueva vida en Estados Unidos, España y otras naciones, una válvula de alivio que ha reducido las presiones internas a favor de un cambio.
Ricardo García, de 56 años, quien paseaba a pie con su esposa el domingo, dijo que aunque Castro solamente permitió que existiera un solo partido político, “se ha hecho mucha consulta con el pueblo. Y todo ha sido siempre al favor”.
Al mismo tiempo, García señaló que “yo prefiero que sea todo más democrático. Que todo el mundo pueda expresarse y definir cuál es su posición”.
Maritza Martínez, taxista de 50 años, consideró que era inapropiado debatir sobre el respeto a los derechos humanos tras el deceso de Fidel Castro.
“Es el tipo de tema que le gustan a los enemigos del otro lado (del estrecho de la Florida). Aquí tenemos salud, educación, muchas cosas buenas”, agregó.
Javier Hernández, de 29 años y camarero en un restaurante privado, dijo que la mayoría de los cubanos están más preocupados por hacer que sus ingresos satisfagan sus necesidades que en los derechos humanos.
“Nosotros lo que hacemos es trabajar mucho, y trabajamos más de 12 horas en el día, y muchas veces no tenemos ni tiempo para seguirle así”, apuntó.
Cuando hablan sobre el historial de respeto a los derechos humanos en su país, las autoridades cubanas y algunos activistas destacan que el gobierno revolucionario de Fidel Castro implementó una campaña de alfabetización de gran escala y mejoró considerablemente la vida de millones de personas al facilitarles el acceso a la vivienda y a servicios de salud.
“Por esto, su liderazgo debe ser aplaudido”, dijo Guevara-Rosas, de Amnistía.
Sin embargo, hizo notar que el medio siglo que Castro permaneció en el poder también se caracterizó por lo que ella describió como “una represión despiadada a la libertad de expresión”, que a veces incluía encarcelamientos muy prolongados para las personas que se pronunciaban abierta y enérgicamente en contra del gobierno cubano.
En los primeros años que siguieron a la revolución de 1959 se llevaron a cabo cientos de ejecuciones sumarias dentro de la llamada justicia revolucionaria que los nuevos líderes de la nación decían aplicar.
“¡Al paredón!” coreaban mientras integrantes del depuesto gobierno del presidente Fulgencio Batista eran enjuiciados rápidamente y alineados frente a los pelotones de fusilamiento.
Cuba mantiene la pena de muerte, la cual se efectúa mediante pelotón de fusilamiento, aunque su aplicación ha disminuido con el correr de los años.
Entre los casos más recientes de ejecuciones de este tipo están las de tres hombres acusados del secuestro de un transbordador de pasajeros en el 2003.
Las ejecuciones coincidieron con una aplicación de medidas enérgicas y sentencias de cárcel de hasta 28 años para 75 de los críticos más sonoros del gobierno, acusados de recibir dinero y colaborar con diplomáticos estadounidenses para minar al gobierno de Cuba.
