Ana Ruth Mérida, defensora de las personas con discapacidad, refirió que el documento incluye 61 observaciones y 92 recomendaciones, las cuales van dirigidas a casi todas las instituciones del Estado, incluso a la misma PDH para que emita más pronunciamiento para que se respecten y garanticen los derechos de las personas con discapacidad.
Entre las preocupaciones que tiene el Comité de Expertos, se encuentra que el Estado no disponga de un procedimiento para certificar el grado de la discapacidad y que las valoraciones se hagan desde un enfoque médico y de caridad, por lo que recomienda que esta se haga de forma gratuita y en las zonas rurales y remotas.
También observa que en el país prevalecen leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminaciones graves contra las personas con discapacidad, por lo que recomienda se agilice la aprobación de la iniciativa 5125, ley marco sobre discapacidad.
Al Comité le preocupa la alta tasa de malos tratos, abusos, castigo corporal, abandono infantil e instituciones de los niños con discapacidad, por la prevalencia del paradigma asistencialista y de caridad para su atención cuidado, y por el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y comunidades indígenas.
El Comité pide que se dote de los recursos materiales y financieros necesarios e independientes para fortalecer la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad, y agilice la designación del mecanismo independiente de monitoreo.
Mérida afirmó que la PDH efectuará su monitoreo del cumplimiento de estas recomendaciones, ya que dentro un año se volverá a efectuar esta supervisión. En este año se efectuó en agosto pasado.
