La tradicional quema del diablo se ha convertido en los últimos años en una suerte de catarsis, en cuyos días previos resulta usual encontrar en ventas de piñatas figuras de personajes de la realidad nacional que por sus acciones, generalmente vinculadas con actos de corrupción, han caído en desgracia a los ojos de la ciudadanía y finalmente arden a las 6 de la tarde, cada 7 de diciembre.

En la hoguera para ahuyentar los malos espíritus han desfilado varios políticos y mandatarios, principalmente aquellos que han dejado una mala imagen a su paso por el cargo ejercido. En todo caso, esas expresiones de sátira casi siempre van dirigidas a las más altas autoridades, con lo cual esos actos deben ser vistos como expresiones simbólicas de malestar o como una forma de protesta ante los desmanes.

Hace precisamente una semana, un grupo de vecinos de Antigua Guatemala colocó a la entrada de esa ciudad colonial, como lo han hecho desde hace años, una piñata gigante con características infernales, pero este año con la apariencia de una diabla semidesnuda, que para algunos era una alusión bastante directa a la actual alcaldesa de esa localidad, lo cual alborotó a más de un servil funcionario.

Con inusual celeridad, la Policía Nacional Civil procedió a la virtual captura de “la diabla” y la escondió de la vista de los transeúntes, supuestamente para que dejara de perturbar a las personas que pudieran verse ofendidas por una posible falta a la moral.

Craso error el que cometieron las autoridades que ejecutaron semejante atropello, pues con ello vulneraron directamente la libre expresión del pensamiento, puesto que el pretexto de proteger las buenas costumbres ha sido recurrente en diversas dictaduras alrededor del mundo, y en nombre de una falsa defensa de la moral se ha incurrido en auténticos atropellos.

El asunto parece intrascendente pero no lo es, porque dicha acción atenta directamente contra un derecho garantizado en la Constitución de la República, el cual nadie puede coartar ni menoscabar, pues constituye la piedra angular de toda democracia, algo que no terminan de entender los políticos intolerantes que tienen una epidermis demasiado delicada hacia la crítica.

La autoridad que representa al Ministerio Público en esa localidad hizo lo correcto al ordenar la devolución de la diabla, por no encontrar ningún delito que perseguir, pero en cambio deberían emprender una investigación en contra de quienes incurrieron en semejante abuso de autoridad, pues de lo contrario se sienta un nefasto precedente de impunidad.

Sí es un atrevimiento la recomendación que supuestamente habría hecho la fiscal Raquel Sáenz, al pedir a los vecinos que le cubrieran el torso a la escultura, para supuestamente evitar malos entendidos, una sugerencia quizá bien intencionada, pero que no elimina la connotación de censura en este hecho, y también por ser algo de muy poca trascendencia. Estos exabruptos no deben ser tolerados, pues otros funcionarios prepotentes podrían aprovecharse y silenciar la denuncia en nombre de absurdos pretextos.