Dos decisiones del Congreso la semana pasada permiten evaluar cambios recientes en el balance del poder en Guatemala. Por una parte, el Congreso aprobó el presupuesto para el 2017 y, por otra, rechazó las propuestas que se presentaron de reformas constitucionales del sector justicia. Lo primero fue el resultado de una relación de cierta cooperación y negociación entre la bancada de la UNE, otras bancadas y el poder ejecutivo, especialmente el Ministerio de Finanzas Públicas. La aprobación del presupuesto fue el reflejo de una incidencia importante de la UNE dentro del Congreso a lo largo del año. Quizás involucró cogobernar durante algunos momentos. Esta incidencia resultó de la capacidad de gestión legislativa de Mario Taracena, combinado con una poderosa Comisión de Finanzas controlado por su partido y fortalecido por cierta unidad de la bancada, no obstante tensiones internas. Esta incidencia no estuvo exenta de acciones oscuras: modificar el presupuesto para trasladar la gestión de recursos desde los Consejos de Desarrollo a las municipalidades desplaza las posibilidades de corrupción desde los diputados y gobernadores a los alcaldes, muchos de ellos de la UNE.

La influencia de la UNE se reflejó en negociaciones y alianzas ante las cuales se ajustaba el partido oficial, el FCN, sin mayor entusiasmo ni capacidad de propuesta. El FCN incluso quedó afuera de iniciativas que fueron aprobadas por la mayoría de los diputados en varios casos. Pero la aprobación del presupuesto pareciera marcar el fin de un episodio, el último barco de una caravana que desaparece en el horizonte.

Hoy retorna una vieja caravana, que simboliza la restauración de las fuerzas desplazadas en 2015. Quedó en evidencia con la elección de la nueva directiva del Congreso y ahora con el rechazo a las iniciativas de reformas de la justicia. Su manifestación más clara fue negarse a aprobar la iniciativa sobre el derecho a antejuicio. Esta reafirmaba la autoridad del Ministerio Público para investigar a altos funcionarios del Estado sospechosos de corrupción y establecía la posibilidad de que pudieran ser suspendidos ante evidencia comprometedora. Con el rechazo a esta iniciativa los diputados traicionaron a las fuerzas plurales que se manifestaron en 2015 y especialmente a aquellos que votaron por el FCN. Puede ser la semilla de una mayor movilización ciudadana en el futuro.

A lo anterior se sumó la oposición de 21 diputados del partido oficial, y la ausencia de 10, para rechazar la propuesta referida a la jurisdicción indígena, a pesar del apoyo de 102 diputados. Demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el partido oficial: ejerció su poder de veto a pesar del llamado del presidente Jimmy Morales a que se aprobaran estas reformas. Y rechazó ambas iniciativas de reforma judicial ante la presencia de la Fiscal, el Procurador de los Derechos Humanos y el Comisionado de la CICIG en el Congreso. Ello magnificó el impacto y simbolismo del rechazo. No solo tenemos un Congreso manejado por fuerzas oscuras; también está ganando fuerza frente al poder ejecutivo y al poder judicial. Representa un verdadero peligro para Guatemala.

La bancada oficial también intentó, afortunadamente con éxito limitado, introducir enmiendas en el presupuesto para canalizar recursos a ONG sujetas a serios cuestionamientos. Son síntomas de la búsqueda de las viejas formas de hacer política. Otros diputados deberán frenarlos. La presión y fiscalización social también tendrán que magnificarse para detener una tendencia con consecuencias muy negativas.

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