Derogar el Acuerdo, vigente desde 1997 para los menores de edad, y desde el 2015 para las unidades familiares, significaría que el Gobierno podría mantener en detención indefinidamente a los niños y sus parientes una vez sean capturados, hasta que sean deportados.
El anuncio causó el rechazo de organizaciones humanitarias en EE. UU. que desde ya anunciaron medidas legales para evitar que cobre vigencia esta medida considerada de “mayor crueldad”. Y es que, aunque la preocupación principal es el sufrimiento que provocaría una detención muy prolongada, también se temen otros cambios, puesto que el Acuerdo de Flores contempla un estándar mínimo de atención para estos migrantes.
“La detención puede causar daños muy graves en los niños como depresión, ansiedad e incluso intentos de suicidios”, advirtió Clara Long, investigadora de la organización Human Rights Watch —Observatorio de los Derechos Humanos (HRW, en inglés)—, para quien es “inaceptable” detener a un menor por tiempo prolongado.
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Agregó que de los cambios que pueden ocurrir con la nueva disposición la más preocupante es la detención prolongada, una medida que calificó como “más crueldad” y una “violación de los derechos humanos”.
Aclu
Long no descartó que el trato que reciben los migrantes detenidos empeore ya que el Acuerdo de Flores también permite que organismos independientes puedan hacer investigaciones de cómo son tratadas las personas en los centros de detención, ya que no habría “ojos ni transparencia en las operaciones del gobierno”.
“Los menores de edad nunca deben ser detenidos. Siempre hay que utilizar alternativas a la detención, y lo mismo se puede decir para los solicitantes de asilo. La detención no debe ser la opción número uno”, afirmó la investigadora de HRW.
La reglamentación que entraría en vigencia 60 días después de publicada en el Registro Federal que podría ocurrir el viernes de esta semana, tendrá cambios “significativos” de los estatutos y de las operaciones en relación con el trato de los migrantes, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
Añadió que dicho acuerdo “originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años”, pero se ha ido prorrogando sin que las administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.
En una comparecencia con los medios, Trump defendió la disposición al señalar que una de las consecuencias que se esperan de la nueva disposición es que cuando los centroamericanos “se den cuenta de que las fronteras están cerrándose no van a venir”.
A su vez el titular del DHS, Kevin McAleenan, afirmó que la medida adoptada este miércoles “elimina el incentivo que alienta a los traficantes a explotar niños”.
Seguirán arriesgándose
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (Aila, en inglés) coincidió en que los estándares “establecidos desde hace mucho tiempo para garantizar la seguridad y el cuidado adecuado de los niños en detención” serán debilitados.
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“La detención prolongada causa un daño profundo para el bienestar físico y mental de niños y familias”, precisó Marketa Lindt, presidenta de Aila. A la vez, afirmó que lejos de conseguir el propósito de disuadir a las familias para que no viajen a EE. UU. estas continuarán haciéndolo porque huyen de la violencia extrema y persecución en sus países de origen.
Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata.
El director ejecutivo de la misma organización, Benjamin Johnson, criticó que la nueva disposición es una “violación de los valores estadounidenses fundamentales” por ser “inhumana e ilegal” y beneficiará a las cárceles privadas que encerrarán por mucho tiempo a niños y familias.
“En lugar de intentar detener a las familias por períodos más largos en condiciones que han demostrado repetidamente ser inhumanas o ilegales, el gobierno debería aumentar la capacidad del sistema de asilo, ampliar las alternativas rentables y humanas a la detención y apoyar soluciones a largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia que obligan a las personas a huir de sus países de origen”, enfatizó Johnson.
Secuelas y traumas
En Guatemala, Judith Erazo, investigadora del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap), calificó de “grave” si la normativa redundará en que los menores y unidades familiares permanecerán más tiempo recluidos en los centros de detención, en los cuales han fallecido varios menores de edad y se han denunciado condiciones deplorables en las cuales se mantienen a los migrantes.
Erazo expuso que en el caso de los menores no acompañados “entre más prolongada es la detención más difícil es la reintegración de los niños”; además, los infantes expuestos a estas situaciones pueden sufrir traumas, es decir, el acontecimiento puede impactarlo para siempre.
“Estos niños pueden tener repercusiones en su vida futura, de temor, en su comportamiento, incertidumbre o inseguridad”, explicó la investigadora, para quien entre más pequeños son los niños son peores las secuelas.
Beto O'Rourke, precandidato demócrata a la Casa Blanca.
Para muchos de estos menores, destacó Erazo, una detención prolongada solo empeorará su panorama emocional puesto que salen del país ya vulnerados a lo que se suma el sufrimiento que atraviesan cuando cruzan solos por México.
Además, agregó, las familias también cargarán con las consecuencias. Por ejemplo, las madres pueden sufrir impactos en su autoestima por la forma cómo son tratadas tanto ellas como sus hijos, ya que su dignidad se vulnera al ser “tratadas como delincuentes cuando solo van en busca de trabajo”.
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Miles de familias y niños
El presente año fiscal ha traído cifras abrumadoras que han roto todos los récords en cuanto a menores de edad y unidades familiares detenidas en la frontera sur de EE. UU.
Del 1 de octubre del 2018 al 31 de julio pasado, la Patrulla Fronteriza contabilizaba a 403 mil 195 familias que cruzaron ilegalmente la frontera con México, de estas; la mayoría, 177 mil 142, son guatemaltecas, otras 171 mil 256 son hondureñas y 51 mil 98 son de El Salvador.
En cuanto a menores de edad no acompañados, EE. UU. reporta en el mismo periodo la detención de 66 mil 954 infantes, también la mayoría guatemaltecos, 28 mil 694, seguidos por los hondureños, 18 mil 662, y salvadoreños, 10 mil 961.
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