La Audiencia giró la petición de captura a la Procuraduría General de la Nación en México ya que se tenía conocimiento de que Álvarez Ruiz residía en el vecino país desde 1983 tras el golpe de Estado que derrocó a Efraín Ríos Montt.
El juez de la Audiencia Fernando Grande-Marlaska, sindicaba al ex funcionario de un delito de tortura, siete de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa.
En ese año (2004) la Audiencia investigaba la masacre en la Embajada de España, así como la muerte de los cuatro sacerdotes, luego de la querella presentada en esa instancia por Menchú, en 1999.
Los sacerdotes José María Gran, Faustino Villanueva y Juan Alonzo Fernández fueron asesinados entre 1980 y 1981. El padre Carlos Pérez Alonzo fue secuestrado el 2 de agosto de 1981.
“Se entretejió un plan”
La resolución señalaba que durante la presidencia de Lucas García (1978-1982), periodo en el que Álvarez Ruiz fue ministro de Gobernación, “se entretejió un plan tendiente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines”.
Tambien destacaba que los imputados instigaron intelectualmente y ordenaron el asesinato de los sacerdotes españoles.
Además de Álvarez, estaban denunciados los militares Efraín Ríos Montt, Óscar Humberto Mejía Víctores, Ángel Aníbal Guevara, German Chupina Barahona, Romeo y Benedicto Lucas García, así como Pedro García Arredondo, éste último ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional y el único condenado a la fecha por la quema de la Embajada de España. Todos estaban sindicados de genocidio, terrorismo de Estado y torturas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
En suspenso
A pesar de que en 2006 la Corte de Constitucionalidad resolvió en esa época que España no tenía jurisdicción para juzgar a los señalados por delitos cometidos en Guatemala, la denuncia en la Audiencia española permanece. En 2012 se trasladó a la Policía Internacional, Interpol, la orden de captura en contra de Álvarez Ruiz misma que a la fecha se encuentra vigente.
El ex funcionario se encuentra prófugo y en la lista de guatemaltecos buscados por la Interpol.
Ministro del terror
El ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz es recordado por cientos de guatemaltecos como uno de los personajes más represivos de la historia del país. Quienes lo recuerdan dicen que Álvarez Ruiz no era un hombre inteligente, pero sí ambicioso.
Nació el 22 de agosto de 1931, en el seno de una familia de clase media, estricta y rígida. Radical, dirían algunos. Álvarez Ruiz comenzó desde pequeño a dar muestras de un carácter introvertido e inseguro y que se refugiaba en la religión.
Algunos recuerdan que sus problemas de peso le causaron complejos en su infancia. Otros, en cambio, consideran que esa complexión fuerte le permitió obtener triunfos deportivos, entre ellos el primer lugar del Campeonato Centroamericano de lanzamiento de martillo.
Sin embargo, coinciden en que su fanatismo religioso lo hizo llegar a odiar la teoría marxista, algo que años más tarde aprovechó Mario Sandoval Alarcón, fundador del antocomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
En materia de estudios, la situación era diferente. Aunque no era brillante, se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos, en 1962.
De niño, en las aulas de la Escuela No. 2 de Jalapa, conoció a Fernando Valle Arizpe, quien años más tarde se casaría con la periodista Irma Flaquer, presunta víctima de Álvarez Ruiz.
La amistad nació entre los dos, y ya de adultos, cuando el ex ministro había terminado su carrera en la universidad, Valle le ofreció empleo en una de sus empresas, señala el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
“Fue una etapa agradable. Irma y Fernando lo invitaron a viajar con ellos y juntos fueron a Miami”, recuerda una amiga cercana, quien, al igual que el resto de fuente, pidió no ser identificada.
Pero tras la sonrisa de Álvarez Ruiz se escondía algo que sólo saldría a flote años después, cuando fue figura pública.
Flaquer en alguna ocasión habló sobre esa transformación. “¿Cuándo Donaldo se convirtió en esa bestia espantosa que arroja sangre por la boca?”, le dijo un día a una amiga.
Amigos cercanos cuentan que con la venia de Sandoval Alarcón, quien lo introdujo en la lucha contrainsurgente, Álvarez Ruiz conoció al coronel Enrique Peralta Azurdia. Meses más tarde, el militar que encabezó un golpe de Estado en 1963, le pidió que le ayudara a organizar el Partido Institucional Democrático (PID).
Con el PID ganó en 1966 una curul en el Congreso. “Ante la opinión pública era un diputado, pero clandestinamente mantenía vínculos con los escuadrones de la muerte y elaboraba listas de los opositores al régimen que posteriormente eran asesinados”, recuerda un ex funcionario.
Al concluir su período parlamentario, el presidente Carlos Arana lo nombró segundo subsecretario general de la Presidencia, lo que le ayudó a fortalecer su relación con el Ejército y también a preparar su reelección al Legislativo.
En 1974, fue electo nuevamente diputado por Jalapa, un año más tarde fue nombrado presidente del Congreso.
Dos años después, el presidente Kjell Laugerud García, quien tenía referencias suyas lo invitó a participar en su gabinete y fue así como, el 1 de agosto de 1976 fue nombrado ministro de Gobernación. Ese cargo le dio carta libre para cometer los crímenes más atroces registrados durante la época, según diversas organizaciones de derechos humanos.
La CEH lo sindica como responsable de los asesinatos de Flaquer, del ex alcalde Manuel Colom Argueta, del opositor político Alberto Fuentes y del líder estudiantil Oliverio Castañeda, entre otros cientos de guatemaltecos.
El trabajo que Donaldo Álvarez Ruiz había realizado durante el régimen de Kjell Laugerud García fue bien visto por el recién nombrado presidente Fernando Romeo Lucas García, quien lo reconfirmó en el cargo el 1 de julio de 1978.
El mismo día, también fueron nombrados Germán Chupina, como director de la Policía Nacional; Manuel de Jesús Valiente Téllez, para el Cuerpo de Detectives (Policía Judicial), y Pedro García Arredondo, como jefe del Comando Seis.
A estos personajes se les señala como los responsables de uno de los episodios más oscuros de la historia nacional: la quema de la embajada de España, en 1980, luego de que un grupo de campesinos tomara la sede, cuya suerte se decidió en el Palacio Nacional.
“De urgencia, Lucas se reunió con Álvarez y los jefes policiales para ver qué se podía hacer. El ministro confirmó que no eran guerrilleros, sino campesinos, pero que el hecho podía ser un foco de propaganda que había que destruir. Lucas le ordenó que los sacara, a como diera lugar. En otras palabras, que los mataran a todos, incluidos el embajador español Máximo Cajal”, cuenta un testigo que presenció la reunión y que pidió el anonimato.
“Cuando todo terminó, se fueron a Casa Presidencial a celebrar la victoria”, recuerda la fuente.
