Gestionar un ministerio nunca es un asunto fácil. “Ordenar la casa” debiera incluir cambiar la manera en que se ha dado por años la relación entre proveedores de bienes y servicios y un Estado comprador. Una relación de por sí, profundamente asimétrica, si se toma en cuenta que el Estado fue intencionalmente debilitado durante las últimas décadas para que su capacidad de negociar (en el buen sentido de la palabra) fuera limitada. Peor aún, se ha sustituido el cumplimiento de su mandato constitucional de anteponer el bien común al beneficio particular que pueda derivar una empresa por sus servicios, especialmente cuando se pone en peligro la vida de las personas.

Desafortunadamente, la concepción actual del Estado dista mucho de ese mandato. Se le sigue viendo como una chequera a disposición del más listo. Tanto así, que ahora la principal función de un ministerio es la de compras y contrataciones; poco importa para qué sirve lo que compra o contrata. En salud, el caso más conocido —y del que más se habla— es el de las compras de medicamentos, pero no es el único. Hay otros suministros médicos igualmente importantes, cuya provisión está, además, en manos de muy pocos proveedores.

Cuando los mercados son muy concentrados por el lado de quienes ofertan, suele suceder que el proveedor principal (o único) del insumo tiene una ventaja, ya que sabe que la ausencia del suministro puede crear una crisis institucional o de gobierno muy fuerte, que debilita la posición del Estado para negociar. Esto termina por convertirse en razón (o excusa) para que, en reiteradas oportunidades, se prolonguen contratos abiertos que dan ventaja a ciertos proveedores; o bien, las autoridades de turno se ven presionadas a ceder en ciertas condiciones (como precios, condiciones de entrega de los suministros, y otros) con tal que se mantenga la continuidad del abastecimiento.

Vimos esta semana que esta situación posiblemente se repetirá nuevamente con el abastecimiento de oxígeno para los hospitales. El oxígeno es literalmente, la línea vital para muchos pacientes en estado crítico. Insumo imprescindible en contextos hospitalarios; su ausencia puede significar la muerte para una persona. Por el lado del mercado, no son muchos los oferentes locales de este crítico suministro; de hecho, con suerte hay más de un proveedor, por lo que este tipo de concursos públicos deberían ser, en realidad, licitaciones internacionales de amplio alcance y protegidas de acuerdos comerciales que limiten los derechos de los pacientes. Es más, debería ser hasta una negociación conjunta de los Estados de la región para así tener mayor fortaleza de compra y para romper cualquier cerco que pueda haber de parte de los proveedores.

Es terrible que hace unos meses, la anterior administración del MSPAS tuviera que recurrir a un amparo para evitar que el proveedor cortara el suministro de oxígeno. Quisiéramos ver aflorar la responsabilidad social de estas empresas frente a la población y el Estado que les hace el negocio año tras año. A veces se emplean estrategias mediáticas para poner a la opinión pública en contra del Estado y así, forzar las negociaciones. Esperemos que no se de en esta ocasión. Por el otro lado, no se vale tampoco que el Estado no pague al proveedor; toda vez éste pueda demostrar con documentos lo que se le adeuda, éstas deberían liquidarse de inmediato, especialmente habiendo sub-ejecución presupuestaria y disponibilidad financiera.

Procede aclarar frente a la opinión pública qué es lo que pasa. Es parte de una nueva ética de relacionamiento entre Estado y mercado que tanto se necesita.