Las pesquisas estuvieron a cargo del juez Roaldo Isaías Chávez Pérez, magistrado vocal I de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.
La denuncia contra el diputado Carlos Enrique López Girón, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fue planteada con señalamientos de cuando él fue quinto secretario de Junta Directiva.
De acuerdo con los planteamientos, el congresista facilitó la sustracción de fondos públicos del Congreso, mediante la solicitud de nombramientos de personal en renglón 022, quienes no reunían los requisitos para laborar.
La otra forma de agenciarse de recursos fue el consentir que servidores públicos no asistieran a las oficinas pero si recibir el salario, indica la denuncia.
En el informe del pesquisidor se evidencia que los argumentos del diputado fueron que la petición de personal no es un acto ilegal y que en ese momento no existían los requisitos profesionales que ahora tiene el Congreso.
“Todas las diligencias realizadas en la presente pesquisa informan que existe indicio racional alguno para considerar que el denunciado haya podido participar en la comisión u omisión de una actividad ilícita”, indica el juez.
Ahora la Corte Suprema de Justicia debe conocer el informe y analizarlo, de esa forma tomar una decisión sobre la inmunidad del legislador.
Implicados
Por la misma situación hay otros diputados denunciados por la Feci y con proceso de antejuicio pendiente de resolverse, además de algunos que renunciaron a su elección.
Entre los que se mantienen como congresistas está César Fajardo, Arístides Crespo y Manuel García Chutá.
De los que habían sido electos pero renunciaron figura Selvin García, Roberto López Villatoro y Luis Rabbé, este último fue reemplazado y tiene orden de captura internacional.
Mientras que como exdiputados están involucrados Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabbé, así como el exdirector general del Congreso Luis Mijangos.
