El documento citado reveló que Odebrecht tenía negocios en más de 12 países, entre ellos Guatemala, México, Venezuela y el mismo Brasil, en los que hizo pagos corruptos por alrededor de US$439 millones —Q3 mil 292.5 millones—, con los cuales se garantizaba los proyectos que desarrollaban en los diferentes lugares.
La filial de Odebrecht fue contratada por Guatemala para la ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, de Cocales, Escuintla, hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México, por la que cobraría US$399 millones —Q2 mil 992.5 millones—.
US$1 millón habría recibido Sinibaldi de la empresa OAS.
El documento establece que entre 2012 y 2015 Odebrecht hizo pagos corruptos por US$18 millones —Q135 millones—. En el caso específico del proyecto de infraestructura adjudicado a la empresa brasileña, se explicó que se acordó el pago del soborno a un alto funcionario guatemalteco —no se reveló el nombre—, quien recibiría un porcentaje del valor del contrato a lo largo de la vida del proyecto, a cambio de garantizar los desembolsos. Con este mecanismo de firmas de cartón se pagó un aproximado de US$11.5 millones —Q86.3 millones—.
El agente 6
Tal como ha quedado comprobado en las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en el caso Cooptación del Estado, en el que se ha vinculado a varios exfuncionarios del Partido Patriota (PP), Odebrecht y su agente en el país utilizaron empresas para legalizar los fondos que pagaban o recibían de los sobornos.
Durante la investigación del Departamento de Justicia estadounidense se reveló la existencia de un ciudadano brasileño a quien se le identifica como el Agente 6, quien era el encargado de efectuar los negocios de Odebrecht en Guatemala.
Aunque se desconoce la identidad del Agente 6, EE. UU. establece que se trata de un ejecutivo de alto nivel del área internacional de la división de ingeniería de Odebrecht, quien laboró en ese lugar de 2008 a 2015 y fue el encargado de “supervisar” a los directores de la empresa brasileña y de coordinar con los líderes de los países.
Como parte de la supuesta supervisión, el Agente 6 aprobó muchos de los pagos corruptos a los funcionarios y políticos extranjeros con supuestas empresas.
En las investigaciones de la Cicig y el MP se ha revelado que esta misma modalidad fue utilizada por los funcionarios del PP. Incluso se supo que a través de la documentación incautada en los diferentes allanamientos se logró identificar un esquema financiero que incluía funcionarios, empresas y bienes inmuebles que utilizó el PP antes y después de asumir el poder.
Por el caso Cooptación del Estado están ligadas 53 personas, empresarios y exfuncionarios, entre ellos Pérez Molina y Baldetti, pero también hay algunos prófugos como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien fue uno de los que impulsaron el proyecto con Odebrecht.
US$18 millones pagó en sobornos Odebrecht a políticos.
Como ocurrió en el país con varias empresas de cartón, Odebrecht creó la compañía Simith & Engineering, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, para llevar adelante el plan de sobornos y ocultar y encubrir pagos indebidos a los funcionarios y políticos, reveló el periódico brasileño Folha de S. Paulo.
Dos fiscalías a cargo
La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó que existen dos investigaciones abiertas en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.
Los representantes de la compañía brasileña Odebrecht fueron citados para declarar el 4 de enero, en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, comentó uno de los delegados consultados.
Durante uno de los allanamientos efectuados por la Feci se encontró papelería que involucra con el pago de sobornos a exfuncionarios del PP, a congresistas y también a un ciudadano español, confió una fuente de la Fiscalía.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene el expediente de Odebrecht, que se encuentra en análisis, informó Lisbeth Vásquez, vocera de la institución.
Un mes antes de dejar el cargo, la exfiscal Claudia Paz y Paz firmó un acuerdo con la Fiscalía de Brasil para intercambiar información y efectuar capturas.
La PGN debe establecer si el soborno incluyó algún tipo de contrato, y de ser así lo que procede es pedir la lesividad o la nulidad a la empresa o al representante, explicó el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos.
La nulidad del contrato se origina con algún vicio cuando este se celebra, y es lesivo, aun cuando está vigente, si le causa daños a la Nación. En este caso, Guatemala tendría derecho a reclamar por daños y perjuicios, si es que fueron causados, agregó.
Prensa Libre se comunicó con los representantes legales de Odebrecht en Guatemala y ofrecieron ponerse en contacto con personeros de la empresa, pero no emitieron opinión.
Culpables
Los funcionarios de Odebrecht y Braskem —la petroquímica, brazo del contratista— se declararon culpables de haber violado normas contra sobornos en Nueva York, EE. UU., como parte de la investigación en Brasil del caso más grande de corrupción denominado Lava Jato.
La fiscal contra el Lavado, Sara Sandoval, explicó que el caso Odebrecht es una investigación a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
“No sé cuál investigación llevan ellos”, agregó.
Una docena de propiedades de Alejandro Sinibaldi fueron inmovilizadas el pasado 5 de diciembre.
“Es solo una medida para asegurar el bien en lo penal; hasta allí llegaría por el momento”, afirmó Sandoval.
En tanto, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, aseguró que la de Odebrecht es una pesquisa a cargo de la Fiscalía contra el Lavado, y que el caso se encuentra en reserva.
La constructora brasileña deberá pagar en EE. UU. una multa de US$2 mil 600 millones —Q19 mil 500 millones— por el pago de sobornos a funcionarios, mientras que Baskem deberá pagar US$632 millones —Q4 mil 740 millones—.
Banco de Brasil frena crédito a Guatemala
La multa había sido fijada en US$4 mil 500 millones —Q33 mil 750 millones—, pero la empresa que se había dedicado a sobornar para obtener beneficios se declaró con falta de capacidad de pago.
Vínculos
En el 2014, el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, también del PP, trascendió entre las investigaciones del caso de corrupción Lava Jato, en Brasil, luego de que se reveló que su nombre aparecía entre documentos del presidente de la empresa brasileña OAS, José Aldemario Pinheiro Filho, la cual ha sido vinculada con estos hechos fraudulentos, plagados de sobornos.
En ese momento se encontró un documento con anotaciones escritas a mano, supuestamente por Pinheiro Filho, en el que se indicaba que la constructura OAS donó US$1 millón —Q7.5 millones— para la campaña del PP, recursos que habrían sido entregados al director de la campaña de Otto Pérez Molina en 2011. En su momento, Sinibaldi lo denominó “papelito shuco”.
Congreso avaló crédito en 2012
Aunque la negociación del proyecto de infraestructura y el crédito estuvo en manos del Ejecutivo, fue el Congreso el que con 108 votos aprobó el decreto que le dio vida a la obra.
El crédito se aprobó el 11 de octubre de 2012. Aunque no estaba en el orden del día, se incluyó en la discusión a través de una moción que presentó el diputado Christian Boussinot, del bloque Todos, junto con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera.
En la actualidad, Rivera se encuentra en prisión, luego de haber sido encontrado culpable de tráfico de influencias y cohecho activo porque intentó influir en la magistrada Claudia Escobar en el 2014, para favorecer a Roxana Baldetti, quien había sido suspendida como secretaria general del PP.
De igual forma, Boussinot está ligado a un proceso de plazas fantasmas en el Congreso.
El crédito
El préstamo, que fue negociado por el Ejecutivo, solo fue rechazado por la bancada Libertad Democrática Renovada, por Encuentro por Guatemala, y uno de los seis diputados que integraban la Unidad Nacional de la Esperanza.
El contrato de crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) obligaba a que Odebrecht fuera contratada como ejecutora del proyecto carretero en la CA-2 Occidente.
En la actualidad, el proyecto se encuentra detenido, debido a varias irregularidades y porque el BNDES dejó de desembolsar los recursos que financiaban la obra.
Según autoridades de Comunicaciones y de Finanzas, entre las irregularidades se ha identificado que el proyecto tiene un avance físico de 30 por ciento, pero se ha otorgado ya el 70 por ciento de los recursos financieros, los cuales fueron directamente a la empresa Odebrecht, sin haber pasado por el Estado.
