De hecho, los familiares de las víctimas de una de las masacres, la conocida como la de “Las Dos Erres”, tuvieron que esperar 29 años para que los tribunales juzgaran y condenaran a los autores materiales.
Fue en agosto del 2011, después de un largo proceso, cuando el Tribunal A de Mayor Riesgo emitió una histórica condena en contra de cuatro exagentes “kaibiles” guatemaltecos hallados culpables de asesinar a más de 201 indígenas y campesinos.
A lo largo del juicio de esta primera matanza llevada al estrado salió a luz la brutalidad con la que actuaron los militares en diciembre de 1982 contra la población civil no combatiente de esa comunidad, situada en el departamento norteño de Petén.
Dentro de un pozo, bautizado como el de “La Vergüenza” por Aura Elena Farfán, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) rescató en 1994 162 osamentas, de las que 67 eran de menores de entre 7 y 12 años.
Manuel Pop, Reyes Collin Gualip y Daniel Martínez Hernández fueron condenados a 6.060 años de prisión por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad, como se conoce en Guatemala el delito de lesa humanidad, mientras que el exteniente Carlos Carías recibió 6.066 años, incluidos 6 por hurto agravado.
La masacre se perpetró durante la dictadura del general retirado José Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien no fue juzgado por este hecho, pero sí fue llevado a los tribunales por la matanza de 1.171 indígenas ixiles durante su régimen.
El 10 de mayo del 2013, Ríos Montt fue hallado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad por los que fue condenado a 80 años de cárcel, casualmente por el mismo tribunal.
Sin embargo, diez días después, arguyendo errores en el proceso judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia y ordenó un nuevo proceso, pero en 2015 Ríos Montt fue declarado mentalmente incapaz para enfrentarlo.
Para los abogados y los familiares de las víctimas, los crímenes cometidos por los militares durante la política de tierra arrasada y de fusiles que impulsó Rios Montt fueron “deleznables”.
En febrero pasado hubo otra sentencia histórica, el exteniente Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdéz Asij fueron condenados a 120 y 240 años de cárcel, respectivamente, por deberes contra la humanidad, asesinatos, desaparición forzada y esclavitud sexual y doméstica contra 12 mujeres q'eqchí's.
Es el caso de “Sepur Zarco”. La primera sentencia por violencia sexual. En palabras de la premio Nobel de la Paz Jody Williams, “un ejemplo para el mundo” porque ayuda a romper el círculo de la violencia y transformar el papel de “víctimas” en el de “supervivientes”.
En cuanto a los crímenes cometidos por la guerrilla, hasta ahora sólo Fermin Solano Barillas ha sido juzgado y condenado a prisión por una de las 32 masacres cometidas por esta facción durante el conflicto.
Conocido en la milicia con el pseudónimo del Teniente David, de la desaparecida Organización Revolucionara del Pueblo en Armas (ORPA), Solano fue sentenciado en julio de 2014 a 90 años por la matanza de 22 campesinos en noviembre de 1988.
Aún sin sentencia, pero considerado el caso más grande de desaparición forzada en Guatemala, está Creompaz, por el que el pasado enero 10 oficiales retirados del Ejército fueron procesados.
Están imputados por la desaparición y el asesinato de al menos 558 indígenas y campesinos, cuyos restos fueron localizados en una antigua zona militar del departamento norteño de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura el general Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), derrocado por un golpe militar que tuvo a la cabeza a Ríos Montt.
La mayoría de las víctimas del Creompaz presentaban señales de tortura, con contusiones en la cabeza y en la garganta, y el denominado tiro de gracia. Forman parte de las 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejaron los 36 años de guerra.
