Antes de finales de enero, el Supremo, máxima instancia judicial británica, dará a conocer su veredicto sobre si la jefa del Gobierno tiene la prerrogativa para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la negociación sobre la salida de la UE, o si es una competencia reservada al Parlamento de Westminster.
En caso de que el Supremo se decante por el Parlamento, el Gobierno presentará una pieza de legislación sobre el artículo 50 de apenas una línea a fin de acelerar el trámite parlamentario.
La “premier” también ha adelantado que a principios de año divulgará detalles sobre su plan de negociación, después de recibir fuertes críticas de distintos sectores políticos por su continuo “silencio”, hasta el punto de que el líder laborista, Jeremy Corbyn, la llegó a acusar de comportarse de manera autócrata al compararla con el poder absoluto del rey Enrique VIII (1491-1547).
En medio de esta apretada agenda, Londres tiene previsto activar el artículo 50 antes del 31 de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera de la UE en la primavera de 2019, una vez cumplidos los dos años reglamentarios de negociación con los 27.
El “divorcio” del bloque europeo estará plagado de dificultades por tratarse de un proceso “titánico” desde el punto de vista práctico porque habrá que contratar a más de 500 funcionarios, la mayoría de ellos expertos en comercio y temas legislativos, según los cálculos de algunas organizaciones de análisis político.
Esta negociación tampoco estará exenta de tensiones dentro y fuera del Partido Conservador, entre los partidarios del “brexit” y los más europeístas, y el posible daño político que pueda sufrir May en uno de los momentos más críticos de la historia de este país.
Uno de los aspectos que la primera ministra deberá resolver casi en forma inmediata es el futuro de los casi tres millones de comunitarios que viven en el Reino Unido y del millón y medio de británicos que residen en otros países de la Unión.
La experta Stella Ladi, catedrática en gestión pública de la Universidad Queen Mary de Londres, señaló a Efe que “los políticos que están a cargo de negociaciones difíciles dañan su reputación. Sólo si hay un brexit rápido, Theresa May no resultaría dañada políticamente, pero esto es bastante difícil”.
Por su parte, el analista Simon Usherwood, de la Universidad inglesa de Surrey, dijo a Efe que el daño para la “premier” será “inevitable” porque “ningún acuerdo dejará a todos contentos”, pero lo importante -explicó- es si May “puede convencer a suficiente gente para que su propio partido no se deshaga de ella”.
“Las negociaciones -dijo- serán muy difíciles por tres razones. Primero porque el Reino Unido no sabe lo que quiere conseguir. Segundo, el alcance de las negociaciones es muy amplio, al tocar cada área de la vida pública. Tercero, la UE tendrá limitada la atención al brexit pues tiene otras cosas que atender”.
Esta situación ha creado inquietud entre los europeos que tienen su vida arraigada en el Reino Unido y que se enfrentan a un complicado proceso burocrático para tramitar la residencia permanente antes de solicitar el pasaporte británico.
Ante esta situación, Usherwood vislumbra una rápida solución, posiblemente en el comienzo de las negociaciones.
“Asumiendo que la deportación de millones de personas, en ambas direcciones, es políticamente imposible, y desastrosa desde el punto de vista económico, un acuerdo sobre residentes en el extranjero vendrá rápido”, dijo.
Para los analistas, uno de los puntos importantes será resolver si el Reino Unido tendrá acceso al mercado único, pues muchas empresas deben tomar decisiones sobre si continuarán o no operando en el Reino Unido, algo que tendrá un impacto en la economía del país en los próximos años.
