Guatemala sigue dando pasos en la línea correcta, aunque no siempre de manera voluntaria. Ahora se anuncia que durante el transcurso de este año el Ejército concluirá su participación en las tareas de seguridad ciudadana, en las que intervienen unos cuatro mil 200 elementos.

La medida es positiva, aunque tardía, porque este era un punto de obligado cumplimiento en los acuerdos de paz, pero también porque distintos organismos internacionales habían solicitado a las autoridades eliminar esa distorsión de la seguridad, que desde hace muchos años debió haber quedado en manos exclusivamente de personal civil, pero cada gobernante a su turno fue posponiendo la decisión.

Una vez más se da un paso adelante, pero no por voluntad propia, pues ese fue un requisito que habían establecido congresistas estadounidenses cuando aprobaron el aporte económico para darle cumplimiento al Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, que era dotar de plena independencia a la Policía Nacional Civil (PNC).

Ayer, el Gobierno anunció que la primera etapa para darle cumplimiento a esos compromisos se concretará en abril, cuando podría retornar a sus cuarteles una parte significativa de esa fuerza militar y será a finales de año cuando el total de los más de cuatro mil soldados serán retirados de las calles, lo cual debe dar paso al fortalecimiento de las autoridades civiles, únicas responsables en los próximos meses de asumir la seguridad.

Al Ejército le corresponde darle cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República, que básicamente se concentra en la defensa de la soberanía nacional y combatir cualquier amenaza extranjera, temas que deben ser definidos de acuerdo con la situación actual.

La lucha por la seguridad deberá concentrarse a partir de los próximos meses en manos de las autoridades de Gobernación, que son y deben ser las únicas responsables de esas labores. Eso también implica que todo vestigio militar debe ser separado de cargos en ese ministerio que puedan contradecir lo estipulado en el acuerdo internacional.

Para Guatemala, este paso debe ser visto como algo positivo, y aunque puede ser que para algunos sectores se produzca cierta angustia, debe entenderse que el país debió haberlo dado hace varios años, pues los reiterados llamados fueron ignorados y la tarea siempre se fue diluyendo, hasta que ahora parece inevitable su cumplimiento.

También se debe entender que a veinte años de la firma de la paz era un contrasentido mantener a tantos miembros del Ejército en las calles o acompañando a contingentes de la PNC, porque precisamente esa imagen era la que motivaba la pregunta de quienes visitaban el país sobre si continuaba la guerra, debido a esa cantidad de tropas.

La ola de inseguridad es, por supuesto, un colosal reto, pero la ruta seguida hasta ahora por las autoridades de Gobernación es la correcta y esa línea debe fortalecerse, sobre todo la de la inteligencia civil, que puede ser el mayor aporte en la desarticulación de estructuras criminales.