Con la reciente captura y posterior liberación, bajo fianza, del exministro de Energía y Minas Érick Archila, rápidamente todo mundo buscó desmarcarse de cualquier responsabilidad y empezó la repartición de culpas, achacándoles incluso a las autoridades estadounidenses la posibilidad de un error por no haber comunicado de esa detención.

Lo cierto es que podría haber responsabilidad de todos, pero la menos creíble es la de la justicia de ese país, porque en pocas palabras, al no existir requerimientos de Guatemala, difícilmente podría proceder a informar sobre dicha captura. Esto se ratifica con la inexistencia de una alerta en las páginas de la Interpol, aunque fiscales del Ministerio Público aseguran que sí existió y desconocen las causas por las cuales en fecha posterior habría sido retirada la ficha.

En todo caso, queda la impresión de cierta negligencia por parte de las autoridades guatemaltecas. Curiosamente, ayer mismo se agilizaron los trámites para solicitar la extradición del citado exfuncionario patriotista, en un procedimiento que podría demorar meses o quizá hasta un año para que la justicia nacional pueda emprender algún procedimiento.

Aunque este no es el único caso en que se evidencia esa extraña parsimonia con la cual también actúa la justicia internacional para extender sus manos sobre otros guatemaltecos buscados, como ocurre con Luis Mendizábal o Alba Elvira Lorenzana, quienes sí aparecen con alerta internacional colocada en la página de ese cuerpo mundial de policía.

También es curioso que en una situación similar a la de Archila se encuentre Alejandro Sinibaldi, quien tiene el mismo tiempo de ser considerado prófugo de la justicia guatemalteca. Lo mismo ocurre con Luis Rabbé, sin que nadie pueda dar explicaciones convincentes de por qué no aparecen con las típicas alertas que suele colocar Interpol cuando los países requirientes envían la información.

Todo esto solo contribuye a enrarecer el sistema de justicia nacional porque se consolida la impresión de pocos avances. Ni siquiera casos en los que están involucrados los prófugos y que atañen a los otros funcionarios del Partido Patriota que guardan prisión avanzan en el país. En efecto están encarcelados, pero sin que se vislumbren procesos definitorios sobre su situación.

Para que un sistema de justicia funcione debe existir plena certeza en todas sus instancias, y por ahora queda la impresión de que eso no ha sido así, quizá porque ha sido también parte de nuestra tradición el tráfico de influencias. Mientras solo se conozcan versiones a medias, tampoco se puede dilucidar a quién le asiste la razón, y entonces solo cabría esperar que por azares del destino algunos otros de los prófugos sean ubicados dentro o fuera del país.

En el caso de Archila, la única posibilidad que cabría esperar para que enfrente en menos tiempo a la justicia guatemalteca es que Estados Unidos lo deportara. Un lapso que, según expertos, también podría ser más amplio. Además, Guatemala debe continuar con la búsqueda de los demás prófugos, porque son acciones que contribuyen al fortalecimiento del estado de Derecho.