El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señalaron cómo esta dádiva vincula a López Villatoro como un operador para designar a abogados de su confianza en puestos claves en el sistema de justicia y así garantizar impunidad al mejor postor, a la vez que pone en un trance difícil a la actual Corte Suprema de Justicia.
Durante el proceso de postulación de aspirantes para magistrados a CSJ en el 2014, Orellana Donis fue nombrado postulador por el Instituto de Magistrados, con lo cual desde ese momento ya era vinculado al grupo de López Villatoro.
El magistrado logró posicionar a ocho abogados, de los 250 aspirantes, para ser incluidos en el listado final de 26 que fue entregado al Congreso.
De esos ocho, fueron electos por el Legislativo como magistrados titulares: Silvia Patricia Valdés Quezada, actual presidenta de la CSJ; Vitalina Orellana y Orellana, vocal III; Douglas René Charchal Ramos, vocal V —renunció y guarda prisión por el caso TCQ—; Silvia Verónica García Molina, vocal VIII, y José Antonio Pineda Barales, vocal XI. Y como magistrados suplentes: Guillermo España Mérida, Mario Estuardo Gordillo Galindo y María Consuelo Porras Argueta.https://twitter.com/CICIGgt/status/819274335298977793
Así inició la investigación
Los propietarios del apartamento, Carlos Augusto, Vicente Rafael, David Edmundo y Daniel Estuardo, de apellidos Escobar Ulloa, pusieron en venta el inmueble en el 2013.
Los propietarios fueron representados por el abogado César David Sánchez quien les presentó a Gustavo Ortiz Arroyo, representante legal de la empresa Alta Seguridad en Servicios, S. A., quien mostró interés en adquirir la propiedad, valorada en unos Q3 millones.
Luego de esa reunión se hizo el contrato de compraventa el 26 de diciembre del 2013. Los dueños entregaron la llave para que se realizaran las remodelaciones correspondientes. Luego de cierto tiempo los propietarios exigieron el pago de venta.
Ortiz Arroyo les indicó que la persona que adquirió el apartamento era “el Rey del Tenis” y si seguían exigiendo el pago les podía pasar algo pues era una persona muy poderosa. Lo dijo con tono de amenaza.
Ante la falta de pago, los hermano Escobar Ulloa inmovilizan el bien en el Registro de la Propiedad, y en ese momento se percatan que en el apartamento ya residía Orellana Donis y su esposa, Doris Lucrecia Alonso Hidalgo.
Los propietarios hacen el cobro a Orellana Donis y este les dice que dejen de estar molestando, que no les debe nada ya que la propiedad es un regalo del Rey del Tenis.
Luego, los hermanos Escobar Ulloa solicitan una reunión con López Villatoro, quien delegó a los abogados Carlos Roberto Minchez Herrera y Claudia Patricia Abril Hernández para negociar la deuda.
Daniel Estuardo manifestó a los investigadores del MP y la Cicig que se reunieron con los abogados, donde López Villatoro tiene sus oficinas, en el edificio Aristos Reforma.
Daniel Estuardo manifestó que al mencionar que tenían la intención de denunciarlos judicialmente por no pagarles el valor total del apartamento, el abogado Minchez Herrera les indicó que dejaran de molestar al magistrado Orellana Donis y al señor López Villatoro, pues las cortes estaban alineadas, a las órdenes de ellos.
Los hermanos Escobar Ulloa al percibir que no podían combatir con hombres tan poderosos y con influencia en el ámbito judicial, llegaron a un arreglo de venta por lo que se anuló la primera escritura y se procedió a firmar una nueva, el 16 de diciembre de 2014.
En esta oportunidad aparecen como compradores el magistrado Orellana Donis y su esposa, firmaron la escritura y los vendedores recogieron los cheques que les fueron entregados, por un monto menor a los Q272 mil pactados en el contrato.
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, indicó que la compraventa fue registrada el 25 de febrero del 2015, por Orellana Donis y su esposa, en el Registro de la Propiedad. El apartamento tiene 369.88 metros cuadrados y dos estacionamientos.
Vínculos con Rey del Tenis
Los propietarios también recibieron cuatro cheques, tres por US$19 mil y el último por US$65 mil, que suman US$122 mil. Los documentos financieros eran de la cuenta número 6445010957 del Banco de Desarrollo Rural S.A. a nombre de la empresa Nico, S.A., firma que en ese momento solo contaba con US$ 1,274.15 de saldo.
El magistrado Orellana Donis pudo incurrir en los delitos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, incumplimiento, entre otros. pic.twitter.com/Kou9K3YOD8
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 11, 2017
Pero esta empresa recibió US$100 mil provenientes de la cuenta número 004-006083-0 del Banco Industrial, a nombre de la firma Aguime, S.A.
Previó a hacer la transferencia, Aguime tenía un saldo de US$4,986.30, pero días antes recibió una trasferencia internacional de US$99 mil 995.
Según el comisionado, las empresas que pagaron el inmueble y los estacionamientos, Nico, S.A., y Aguime, S.A., no tienen relación con el magistrado Orellana Donis ni con su esposa, pero sí con López Villatoro.
“La empresa Nico, S.A. tiene como gerente general y representante legal a Marlon Aníbal Rosales, mientras Claudia Abril Hernández tiene firmas registradas en las cuentas donde salió el dinero para pagar el inmueble”, explicó Velásquez.
El jefe de la Cicig refiere que ambos profesionales son socios fundadores de Lovi & Asociados, de quien su último socio es López Villatoro, y que ambas firmas registran el 10o. nivel del Edificio Aristos Reforma 7-62 zona 9, oficina 1003, al igual que Alta Seguridad en Servicios.
Buscan eliminar denuncia
Velásquez manifestó que López Villatoro se puso en evidencia cuando fue enterado acerca de la investigación en curso, que llevaba adelantada la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al llegar a la sede de la comisión internacional con el fin de aportar documentos a título de “pruebas de descargo”.
En ese momento indicó que si bien el pago lo realizó la empresa Nico, S. A., el magistrado Orellana Donis y su esposa gestionaron con ocasión de esa compra un crédito bancario con garantía hipotecaria otorgado a su favor por el Banco G&T Continental, por Q2 millones.
El crédito fue concedido el 20 de abril del 2015, cuatro meses después de la firma del acuerdo de compraventa de los inmuebles y 13 meses después de residir en dicho apartamento.
La investigación estableció que con los Q2 millones obtenidos no se pagó la supuesta deuda a López Villatoro debido a que no se reporta ninguna transferencia
“Todo lo anterior permite concluir que el apartamento 2A del edificio El Torreón, ubicado en la décima calle 3-44 fue entregado al magistrado Orellana Donis y su esposa, demostrándose que los fondos utilizados para la compraventa provinieron de entidades relacionadas al abogado López Villatoro.
Piden antejuicio
El MP solicitó a la CSJ dar trámite al antejuicio en contra de Orellana Donis por los delitos de cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial.
La Contraloría General de Cuentas reportó que el magistrado Orellana Donis no actualizó su declaración jurada patrimonial del 2015, pese a que supuestamente había adquirido los inmuebles en el 2014, añadió el comisionado.
Mientras se realizaba la conferencia de prensa, fiscales allanaban las oficinas de López Villatoro con el fin de secuestrar evidencia, entre ellos documentos y archivos electrónicos. A las 10 de la noche el procedimiento continuaba. Además, el juzgado de diligencias urgentes ordenó el arraigo de López Villatoro.
La Cicig y MP tuvieron obstáculos para poder investigar de manera previa al magistrado.
Corte Suprema en jaque
Elvin Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), señaló que la situación de los magistrados es alarmante y resaltó que debe dilucidarse el proceso de antejuicio de manera pronta, para que el Congreso lo conozca.
Resaltó que el modelo de selección de jueces y magistrados ya caducó, y que es importante que se retome la reforma constitucional para transformar el modelo y apostar a la carrera judicial.
Gustavo García, experto en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), refirió que las denuncias de estos casos tienden al fortalecimiento de sistema justicia, en el sentido de cualquier persona que considera que estos funcionarios judiciales están actuando al margen de la ley y que cuenten con las pruebas correspondientes deben denunciarlo.
“Luego de las denuncias debe iniciarse con los procesos de investigación correspondiente y establecer si son culpables de los hechos que se les señala. Pero eso no se puede lograr si no es con una denuncia que se formule con los fundamentos debidos. Esto es positivo, pues por aparte si se denuncia es porque hay alguna confianza en el sistema de justicia que permita llevar a un proceso penal a quienes se consideren responsables de haber cometido un delito”, indicó.
Agregó que, sin duda alguna, la solicitud de antejuicios afecta no solo al Poder Judicial sino a toda la institucionalidad del Estado, ya que no es exclusivamente el Organismo Judicial el que pueda tener en su interior funcionarios cuestionados, sino cualquier entidad del Estado.
“Sin duda que si afecta la imagen, pero hechos como estos, si los resultados de las denuncias son establecidos y comprobados y los responsables son sancionados, esto puede servir para reivindicar la imagen del poder judicial”, aseveró.
