Los primeros embates contra la enraizada corrupción en el país produjeron muchas reacciones, la mayoría de júbilo porque se ponía al descubierto la inmoralidad a la que habían llegado funcionarios en los tres poderes del Estado, aunque hubo pocas acciones de enmienda que dieran la pauta de algún interés por enderezar el rumbo.

Más bien se propagó el rumor de que apuntaba a la recomposición de esas fuerzas oscuras, obstinadas en mantener un estado de cosas sin variaciones para favorecer la cultura de la inmoralidad y a una clase política y burocrática venales, aunque las consecuencias se tradujeran nuevamente en un desastre mayúsculo para los guatemaltecos.

Esa facilidad de caer en la desmemoria y de ignorar el poder fáctico de ciertos grupos hacía temer que esa lucha contra la corrupción entrara a su vez en una ruta cuesta arriba, donde los grupos criminales tomaran de nuevo posiciones e hicieran ardua la labor que de manera exitosa desarrollan el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Ahora no es exagerado afirmar que la componenda entre políticos desembocó en una clara cooptación del Estado, pues las ramificaciones de esa intromisión y búsqueda de ganar influencias llegó a permear los tres poderes, mucho de lo cual fue cometido con la evidente participación de operadores externos al servicio de diferentes gobernantes, mediante una red de enlaces que ha corroído la institucionalidad.

Los procesos de antejuicio planteados por el MP y la Cicig en contra de una de las representativas magistradas de la Corte Suprema de Justicia constituyen un claro recordatorio de que la batalla contra la corrupción continúa y ante un sistema claramente maniatado resulta muy fácil reconocer la necesidad de esos esfuerzos, que todavía podrían ser más fructíferos si se tuvieran los recursos necesarios, pues ahora se puede comprender mejor el desafío que constituye desarticular cuerpos clandestinos dentro del Estado.

Una de las más preocupantes consecuencias de toda esta degradación moral de las instituciones es que el juez Carlos Giovanni Ruano Pineda, quien presentó la denuncia que motivó la solicitud de antejuicio contra la magistrada Blanca Stalling decidió abandonar el país, ante las obvias circunstancias de inseguridad en las que se encuentra.

Constituye un bochorno para todos, principalmente para el Organismo Judicial, pues no debe abandonar el país quien en todo caso debería recibir un respaldo unánime por parte de la sociedad y de la institución a la que representa, la cual debe asumir acciones coherentes orientadas a la difícil tarea de rescatar la credibilidad ante tantos señalamientos.

La mayor vergüenza para el Organismo Judicial es que muchos de los señalados, empezando por la magistrada Stalling, siguen actuando con el claro convencimiento de que pueden salir indemnes de estas graves sindicaciones, confiados en el deshonroso origen de sus designaciones. El actual Poder Judicial es producto de un cuestionable proceso, lo cual solo puede subsanarse con nuevas acciones de valentía y honestidad.