Juzgar es una labor compleja y mucha veces poco objetiva e injusta. En el caso de la SAT, posiblemente el indicador más evidente para saber si está mejorando su funcionalidad es el cumplimiento de las metas de recaudación; en este caso, es innegable que la nueva administración de la SAT ha comenzado aprobando su prueba más importante. Es claro que se trata de un esfuerzo de equipo, ya que los responsables que esto suceda van desde el presidente hasta el último guardia de seguridad en alguna bodega de la SAT.
A partir de esta buena noticia, las metas del presente año deberán tomar en cuenta que buena parte del repunte en recaudación se debió al cobro judicial y voluntario de casi Q3 mil millones a empresas reconocidas, cuya estrategia de largo plazo no parece ser defraudar o incumplir el pago de impuestos.
Las metas del comercio exterior no se cumplieron, llegaron al 90% de lo previsto, concretamente el 87% del IVA a las importaciones, la recaudación se quedó corta en Q1 mil 600 millones. Esto, como se ha dicho varias veces, es consecuencia —entre otros— del diferencial en el tipo de cambio, aproximadamente Q111 millones —que se ha mantenido bajo por acción de la banca centra— y por el precio de los combustibles.
Aunque no es definitivo, las previsiones del precio de los combustible, que este año tuvo un efecto negativo de Q188 millones, parece que van hacia el alza, los potenciales resultados de la nueva política comercial de EE. UU. podrían presionar hacia abajo las exportaciones y sus efectos podrían mejorar la recaudación fiscal en el comercio exterior, esto sin hacer ningún cambio sustancial.
Paralelamente a todo este proceso del 2015, el presidente hondureño y sin mediar escándalos tan evidentes, a pesar que se había cumplido la meta de recaudación, clausuró la Dirección Ejecutiva de Ingresos, despidió a todo el personal y la administración aduanera fue trasladada temporalmente a la Secretaría de Finanzas; hace un par de semanas se creó el Servicio de Administración de Rentas (SAR) con nuevas figuras legales e institucionales.
Hoy día, la administración de aduanas está dirigida por una Comisión Presidencial, que en primera instancia liberó una enorme presa de contenedores con importaciones en el mayor puerto del Atlántico del país y debe presentar un programa de corto, mediano y largo plazo para modernizar a todo el servicio aduanero hondureño.
Con el lanzamiento de la Unión Aduanera en los próximos meses entre ambos países, parece que de manera coincidente ambos han optado por modernizar sus instituciones tributarias. La relación de trabajo entre SAT y SAR, a partir de julio, deberá ser mucho más integrada y coordinada, porque de eso dependerá el control para mantener y mejorar los ingresos tributarios.
La reciente inauguración de la mayor terminal de graneles en Puerto Cortés, el más importante de Honduras, con una inversión público-privada de US$78 millones y la ampliación de más de 350 metros lineales de muelle, con el funcionamiento de dos nuevas grúas de pórtico, muestra que se sigue apostando por el comercio internacional. La cercanía a Guatemala vía Entre Ríos lo convierten en el tercer puerto marítimo del país.
Fuera de esta nueva infraestructura, al final del día todo se mide en resultados monetarios, menores costos y tiempo invertido en gestión de importación o exportación. El papel de las administraciones aduaneras es fundamental para hacer que todos estos planes funcionen.
