Las finanzas del Estado por lo regular han estado en números rojos, hasta el año pasado que la SAT, dirigida por Juan Francisco Solórzano, logró superar la meta de recaudación de más de Q53 mil millones. Sin embargo, ese logro es posible que ya no se pueda repetir si se aprueba la monstruosidad de exenciones para el sector agropecuario que se fragua en el Congreso y que ya causó una fractura en el gobierno de Jimmy Morales, al extremo de que este ahora parece inclinarse hacia esa propuesta sin entender que esos privilegios harán más deficitarios los ingresos fiscales. Mientras el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, apoya esa propuesta, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y el jefe de la SAT, Julio Solórzano, la rechazan. El adefesio de ley permitiría a los sectores favorecidos pagar apenas 0.5% de impuestos sobre la venta bruta, no tendrían que facturar porque solo estarían obligados a llevar un libro de compras y ventas susceptible de cualquier manipulación.

La iniciativa fue presentada en octubre pasado por el diputado y ganadero Gabriel Heredia, de la UNE, así como por Julio César Longo, del FCN. En principio la propuesta solo otorgaba privilegios fiscales al sector ganadero, que ya no tendría que pagar el ISR y el IVA porque todo se reduciría a un impuesto del 1% sobre las ventas brutas de animales, productos y subproductos artesanales e industriales. La propuesta recibió el rechazo total del Ministerio de Finanzas y de la SAT, por considerarla lesiva a los magros ingresos del Estado. De hecho, esa iniciativa demuestra cómo la presente legislatura pretende favorecer a uno de los sectores que más evade el pago de impuestos.

Debido a la corriente de opinión desfavorable, a principios de este año Heredia hizo aún más dañina esa propuesta porque incluyó a sectores agrícolas, con lo que la presión empresarial es más fuerte hacia el Congreso y el Gobierno. La iniciativa ahora se llama Ley de facilitación tributaria para la formalización del sector agropecuario, que incluye a ganaderos y diez actividades agrícolas, entre ellas café, cardamomo, hule, cereales y caña de azúcar. Ese lobby empresarial pondrá de rodillas a diputados y al presidente Morales con una ley que buscan aprobar de urgencia nacional. La belleza de iniciativa pretende exonerar a estos sectores del pago de ISR, IVA y derechos arancelarios a importaciones de maquinaria porque solo tendrían que pagar un tributo único de 1% sobre las ventas brutas. Pero, ojo, de ese único impuesto, el Estado tendría que invertir el 50% en un Fideicomiso de Protección Agropecuaria que favorecería a los mismos sectores privilegiados. En otras palabras, el Estado solo percibirá el 0.50% de las ventas brutas, sin factura, solo anotadas en un libro de compras y ventas. Precioso.

Este golpe contra las finanzas del Estado supone una fuga de ingresos de Q1 mil 156.34 millones, equivalente al 2.2% de la recaudación total. El Congreso será responsable de este paso en falso, pese a las advertencias del ministro de Finanzas y del jefe de la SAT sobre la futura caída de la recaudación fiscal. Para congraciarse con ganaderos y empresarios agrícolas, a los diputados no les importa que esa ley implicará la vulneración del principio de igualdad tributaria, dejará sin control y fiscalización la actividad de esos sectores y permitirá que no usen factura. Estos privilegiados, entre ellos grandes empresarios, ahora pagarán menos que los pequeños contribuyentes, algo que es sencillamente grotesco.

@hshetemul