Esta semana, ministras de la mujer de más de 30 países latinoamericanos y caribeños se dan cita en Panamá, en preparación para la sesión anual del principal órgano mundial en materia de igualdad de género: la Comisión de la Condición de la Mujer de Naciones Unidas (CSW, en inglés). Este año, el tema prioritario es el empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo.

La economía de América Latina y el Caribe se contrajo por segundo año consecutivo en 2016, y para 2017 se proyecta un tímido crecimiento de 1.3%, según las Naciones Unidas. Empoderar económicamente a las mujeres abre una posibilidad real de revertir este escenario: se estima que al superar las brechas de género en el mercado laboral se podría aumentar el PIB per cápita en la región en un 14%.

A pesar de algunos avances, estas brechas persisten en todos los estratos sociales. Las mujeres se deparan con tres realidades diferenciadas en el mercado laboral. De un extremo, en los llamados “pisos pegajosos” se encuentran las mujeres más pobres y con menores niveles de instrucción, estancadas en sectores de baja productividad y alta precariedad, con escasas posibilidades de progreso. En el otro extremo se ubican las mujeres que han desarrollado sus capacidades y cuentan con recursos para acceder a trabajos de mejor calidad, pero chocan contra los “techos de cristal” que limitan su crecimiento y bloquean su acceso a la toma de decisiones. Entre estos dos extremos, en las “escaleras rotas” están las mujeres con niveles medios de formación e inserción laboral, quienes no cuentan con cobertura o acceso pleno a la protección social, y son vulnerables a la volatilidad del entorno económico.

Las cifras son contundentes: los hombres ganan, en promedio, 19% más que las mujeres en América Latina, y el 55% de los empleos de las mujeres está en el sector informal.

Las mujeres realizan entre tres y cinco veces más trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración que los hombres.

Para hacer frente, son indispensables leyes que dispongan remuneración igual por trabajo de igual valor, no discriminación por razón de sexo en la contratación y prohibición de acoso sexual en el lugar de trabajo. Medidas para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, a través de la inversión en servicios sociales básicos, infraestructura y servicios de cuidado infantil. Y —de particular relevancia para la región— es fundamental garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, que representan 14 de cada cien mujeres en el mercado laboral, por medio de la ratificación de la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que exige a los Estados extenderles los derechos laborales básicos, incluyendo horas extras, licencia anual remunerada, salario mínimo y condiciones de trabajo seguras.

En la cita de Panamá, este complejo temario es el que tendrán frente a sí: representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe, destacadas economistas y numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil y del movimiento regional de mujeres para contribuir al análisis y al debate con su dilatada experiencia.

No podemos reactivar nuestras economías de forma perdurable si la mitad de su fuerza productiva y creativa permanece en empleos mal pagados y de baja calidad, sin acceso a la toma de decisiones y asumiendo la carga del trabajo de cuidado sin remuneración, lo cual se intensifica en períodos de desaceleración económica y austeridad fiscal. Para construir economías más justas y sostenibles, que funcionen tanto para hombres como para mujeres —y beneficien a la sociedad en su conjunto— tenemos que cambiar esta ecuación.