Los sucesos de los últimos días develan serios problemas dentro del sistema a cargo de impartir justicia en nuestro país. Lo que podría llevar a la conclusión de que es urgente reformarlo y por ende aprobar las reformas constitucionales que se encuentran en el Congreso. El problema es que las reformas propuestas no necesariamente arreglarán los problemas actuales. ¿Qué se debe hacer?

Si uno fuera partidario de las teorías de la conspiración, podría creer que detrás de las acciones en contra de algunos funcionarios existe la intención velada de presionar para que se aprueben las reformas. Aquí ni siquiera habría que ser demasiado perspicaz en buscar a los responsables, ya que casualmente, los involucrados son los mismos. Yo no soy partidario de esas teorías, pero es interesante que hasta personas que han sido fervientes defensores de los involucrados sí se creen esas teorías.

De que hay problemas, hay problemas. Basta con ver algunas de las decisiones absurdas tomadas recientemente por las principales cortes para percatarse de ello. Por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la operación de una hidroeléctrica utilizando argumentos basados en la ley de minería. ¿A quién se le puede ocurrir semejante tontería? A los magistrados de la CSJ que lo aprobaron unánimemente.

Y luego está la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) con relación a la elección de presidente en la CSJ. En ninguna parte de la legislación guatemalteca se especifica que un magistrado suplente no pueda votar en esa elección, pero a los magistrados de la CC se les ocurrió que así debería ser e invalidaron la elección, declarándola ilegal, pero al mismo tiempo validaron todas las acciones que se hayan tomado después de la elección que ellos consideran ilegal. Aquí también la decisión fue unánime —por cierto, con algunos magistrados suplentes, valga la ironía—.

Ahora bien, la pregunta del millón es si con las reformas mejorará el sistema. Yo estoy convencido de que no. Tanto las reformas realizadas el año pasado a la Ley Electoral como las propuestas de reformas constitucionales van encaminadas a alejar las decisiones de la ciudadanía y concentrarlas más en los políticos y funcionarios. La única forma que se me ocurre de entender el trasfondo de estas reformas es que provienen de gente que considera que “el gobierno” es quien mejor sabe las decisiones que se deben tomar. Me imagino que al final, tienen la esperanza de que ellos o sus cuates serán quienes tomen las decisiones en “el gobierno” y que entonces es mejor desde ya preparar el terreno para cuando se dé esa toma del poder.

Veamos un ejemplo: se han satanizado las comisiones de postulación bajo el argumento de que han sido “copadas”, pero se olvida que la decisión final era de los diputados. Una mejor forma de resolver este problema y quitar la posibilidad de que los políticos escojan a quienes les convenga, es que luego de que las comisiones depuren a los candidatos se escoja por un procedimiento aleatorio, por ejemplo. Sin perjuicio de que también se alargue el período de los jueces y que se tome en cuenta la carrera judicial.

Y ese es sólo uno de los temas en los que considero que no se ha profundizado lo suficiente. Se debe cambiar el sistema, pero no todos los cambios nos llevarán necesariamente a uno mejor y más transparente. Yo sostengo que se debe cambiar el sistema para acercar más las decisiones a los mandantes y no a los mandatarios, como se ha estado haciendo y como se pretende hacer todavía más.