El documento explica que esa situación deriva de acciones legales planteadas en contra de los integrantes de la CSJ, así como otros aspectos, entre ellos la propia elección de Presidencia del Organismo Judicial (OJ).
Para Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, la falta de legitimidad de la CSJ se relaciona a la poca capacidad de sus integrantes por mantener el orden establecido en la Constitución, de acuerdo a las responsabilidades que corresponden a sus cargos.
“Durante este tiempo se ha visto que dos magistrados titulares fueron sustituidos por señalamientos penales en su contra, en los casos de Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, a lo cual se suma la pérdida de la inmunidad de la magistrada Blanca Stalling”, afirmó Ibarra.
Otro aspecto se relaciona con la falta de capacidad para llegar a acuerdos, lo cual se demostró en una prolongada elección de presidente de la CSJ, para lo cual se desarrollaron 11 rondas de votación.
“Hay grupos bien definidos, con intereses particulares”, aseguró.
Funcionarios
La crisis se extiende no solo a las decisiones de la CSJ o la credibilidad de sus integrantes, sino al OJ en su totalidad, señala el informe. El mismo criterio manifiesta Gabriel Medrano, exmagistrado, quien presidió la institución durante el período 2012-2013.
En el documento se enumeran los casos de antejuicio y condena de la jueza Jisela Reinoso por enriquecimiento ilícito, así como el proceso por tráfico de influencia que afronta la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de la magistrada Blanca Stalling.
Otro caso es el del magistrado Erick Santiago, señalado por supuestamente haber recibido un soborno de Q18 millones por beneficiar a una empresa con una resolución.
“Preocupa el momento que está viviendo la CSJ y es necesario que todos los ciudadanos mantengan la institucionalidad del país”, refirió Medrano.
Algunas de las investigaciones en contra de funcionarios judiciales se han desarrollado por cargos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, derivadas de violación a la ética, ralentización de procesos e incursión plena en la lucha por cuotas de poder, detalla el informe.
Ibarra mencionó la elección de magistrados de la CSJ de este período y la posibilidad de que se haya dado por intereses espurios, derivado de los señalamientos por enriquecimiento ilícito contra el magistrado Eddy Orellana, quien participó en la selección de Silvia Valdés, Vitalina Orellana, Charchal, Silvia García y José Pineda, en el proceso de comisiones de postulación del 2014.
Según Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la situación del OJ y la CSJ es el reflejo de hechos que ya se vieron en otras instituciones públicas, como los organismos Ejecutivo y Legislativo.
“Significa el destape de las malas prácticas, de las prácticas corruptas en un momento en el que se tiene la capacidad para investigarlas. Si se analizan otras administraciones, de seguro se encontrarán hechos similares”, explicó Quezada.
Elección en 2014
Una serie de señalamientos de falta de idoneidad hizo que la Corte Suprema de Justicia del período actual no asumiera el 13 de octubre del 2014, como señala la Constitución.
Durante el desarrollo de las comisiones de postulación, diversas organizaciones de la sociedad hicieron señalamientos de posibles acciones de tráfico de influencias, lo cual podría evitar la selección de profesionales sin compromisos.
Del 13 de octubre al 24 de noviembre del 2014, el entonces magistrado Érick Álvarez presidió de manera interina la CSJ.
Acciones
Varias acciones legales plantearon los magistrados electos, con las que exigían ser juramentados en los cargos.
Las acciones fueron resueltas luego de 43 días de presión de los magistrados.
Magistrados señalados
Señalamientos que en el 2016 el Ministerio Público hizo contra Vladimir Aguilar y Douglas Charchal, como magistrados de la CSJ, hicieron que perdieran sus cargos.
Aguilar afrontó un proceso de antejuicio por supuestos vínculos con el contrato de TCQ. Renunció un día después de formarse la comisión pesquisidora en su contra. Su lugar lo ocupó María Morales.
También se pidió antejuicio contra Charchal, quien afronta a la justicia por el mismo caso, por asociación ilícita y tráfico de influencias. Está en prisión preventiva y su lugar en la CSJ lo sustituyó Elizabeth García.
Blanca Stalling fue suspendida de su cargo al ser ligada a proceso por tráfico de influencias, por tratar de obtener un beneficio para su hijo.
