A la cita han sido invitados, según la Procuraduría, que organiza la cita, delegados de Guatemala, El Salvador, México, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En esos catorce países, además del propio Brasil, que fue donde comenzaron a descubrirse esas prácticas ilegales, se investiga la actuación del grupo Odebrecht, sobre todo en la financiación ilegal de campañas electorales, el pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas u operaciones financieras irregulares.
Todos esos países han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación “Lava Jato”, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.
Desde entonces, decenas de políticos y empresarios han terminado en prisión por su participación en esa trama, que aún puede salpicar a muchos otros dirigentes de casi todos los partidos, entre quienes figuran miembros del Gobierno y el propio presidente Michel Temer.
Esas prácticas, sin embargo, no se limitaron a Brasil y fueron más allá de las fronteras, para expandirse de la mano de Odebrecht por buena parte de América Latina y llegar hasta a países de África e incluso de Europa, como es el caso de Portugal.
Buena parte del dinero obtenido con esas maniobras ilegales pasó por bancos de Estados Unidos y Suiza, países que también entraron en la investigación y con los cuales Odebrecht firmó sendos acuerdos de lenidad, como hizo en Brasil, mediante los cuales aceptó sanciones pecuniarias que superan los US$2 mil millones.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a fines del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la constructora había admitido que pagó unos US$788 millones en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se refirieron a “más de 100 proyectos” realizados entre 2001 y 2014 y que, en la gran mayoría de los casos, correspondían a obra pública.
Las investigaciones iniciadas a raíz de las informaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han generado una orden de captura contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, declarado prófugo, y salpicado a los actuales mandatarios de Panamá, Juan Carlos Varela, y Colombia, Juan Manuel Santos.
También han generado un enorme revuelo en cada uno de los países citados, que en su mayoría han pedido información a Brasil, ya que 77 exdirectivos de Odebrecht implicados en el asunto han acordado colaborar con la justicia y pudieran haber revelado detalles sobre las operaciones de la empresa en el exterior.
Los testimonios de esos antiguos ejecutivos de la constructora están bajo un estricto secreto judicial, pero la prensa local afirma que pudieran implicar en el asunto a unos 200 políticos, por lo que los califica como “la delación del fin del mundo”.
Odebrecht, que opera en 28 países y tiene unos 168 mil empleados, ha aceptado su responsabilidad en esos hechos y se ha comprometido tanto a colaborar con la justicia en todas las investigaciones como a eliminar definitivamente esas prácticas corruptas.
