Nadie discute, por evidente, el enorme peso de las remesas en la economía guatemalteca, pero sí debe ser motivo de preocupación cuál podría ser el impacto si ese flujo tuviera alguna alteración, aunque no fuera significativa, y en qué regiones o grupo de pobladores golpearía con mayor rigor.

Buena parte de la investigación la efectuó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ayer presentó la encuesta sobre el éxodo de los guatemaltecos. Sus hallazgos no solo son reveladores sobre el enorme peso que tienen esos recursos en la economía nacional, sino también proporcionan información valiosa respecto del destino y uso que le dan los millones de beneficiarios.

Un primer dato relevante es que en el último año la cifra rebasó los siete mil millones de dólares, poco más de 53 mil millones de quetzales, cifra equivalente al 11 por ciento del producto interno bruto, un aporte significativo para cualquier economía y sobre todo para una como la guatemalteca, donde la inversión pública se encuentra estancada y las remesas se han convertido con toda claridad en el mejor antídoto contra la pobreza.

Esos números, fríos pero significativos, ponen en perspectiva la importancia de esos recursos para el país, y de ahí la creciente preocupación de que se pueda concretar la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha anunciado mano dura contra los migrantes en situación irregular, así como la construcción de un muro para detener el flujo de personas y un posible impuesto al envío de remesas.

Con una sola de esas amenazas que se cumpla, el impacto puede ser devastador para Guatemala. Los más castigados serían los sectores más necesitados; es decir, las mujeres y niños indígenas. La encuesta en mención los ubica entre los mayores beneficiarios de ese flujo de efectivo, un invaluable aporte para equilibrar la economía doméstica.

Según la OIM, esos millonarios recursos que envían 1.8 millones de migrantes contribuyen a sufragar los gastos de más de seis millones de personas. El mayor porcentaje de beneficiados entre el 2010 y el 2016 lo constituyen los kaqchikeles, seguidos de los kichés, mames, qeqchíes y otros grupos mayas, además de los ladinos capitalinos. Como se ve, el efecto alcanzaría a todo el país.

Geográficamente, ese beneficio alcanza sobre todo a San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango, que acumulan cerca del 40 por ciento de los receptores; el resto se distribuye en la capital y otros departamentos. Son datos relevantes e ilustran sobre las áreas más sensibles a cualquier variación en el aumento de las deportaciones.

Contrariamente a lo que se creería, ante un panorama sombrío para la migración, miles de personas todavía consideran una travesía hacia el norte como una opción, y lo harían para salir de las penurias económicas y la falta de trabajo, reunificación familiar y para huir de la discriminación sexual y la violencia. Es información valiosa que las autoridades deben tomar en cuenta para mitigar los efectos de estos cambios temidos, tarea que requiere de capacidad, astucia y experiencia en la negociación.