“Quiero dejar claro y de la manera más enfática que el Gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un Gobierno le quiera imponer a otro”, aseveró en un encuentro en la capital con el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
“No lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo y porque no es en el interés de México”, agregó.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) defendió que el Ejecutivo se volcará en “la asistencia de los derechos humanos en el exterior, particularmente en los EE.UU.”, donde el Gobierno ha anunciado medidas que abren la puerta a deportaciones masivas de migrantes indocumentados.
Entre ellas, que se acelerará el proceso de deportación y que se contratarán 15.000 agentes encargados del control migratorio.
Posteriormente Videgaray compareció ante un grupo de diputados que “sería, francamente, una acción de carácter unilateral sin precedentes, inaceptable, que los propios Estados Unidos no aceptarían. Nosotros también tenemos control de nuestras fronteras”, añadió Videgaray.
Expuso que en el momento en que se pretenda deportar a México a personas que no sean mexicanas se iniciará “un proceso de exigirle al Gobierno de Estados Unidos en cada caso que acredite la nacionalidad de la persona que está enviando”.
“Si el Gobierno de Estados Unidos insiste en que quiere deportar a México o quiere enviar a México personas que no son de nacionalidad mexicana, México no tiene por qué recibirlos”, declaró.
Videgaray se encontrará con el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, en la visita al país que iniciarán ambos la tarde de hoy, cuando lleguen a la Ciudad de México.
La cuestión migratoria “será tema fundamental que habremos de hablar y de discutir”, apuntó el canciller.
“Este es inevitablemente y por convicción el primer punto en la agenda”, sentenció.
La protección de México a sus ciudadanos en el exterior “implica un despliegue sin precedentes de información a los mexicanos, que conozcan sus derechos, que sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y a sus derechos humanos”, apuntó.
Además, el secretario aseguró que México “no dudará en recurrir a las Naciones Unidas o a cualquier otro organismo internacional para seguir defendiendo los derechos” de los mexicanos.
Indocumentados a México
La polémica se agudizó el martes después que se revelara que el Gobierno de EE.UU. evalúa expulsar a México a los inmigrantes indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten sus peticiones de asilo desde territorio mexicano, según altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Para poder quedarse en EE.UU., muchos centroamericanos tramitan peticiones de asilo y alegan que han sufrido persecución en sus países y temen por su vida, por ejemplo, debido al hostigamiento de las maras o pandillas, que reclutan a los jóvenes y exigen el pago de un impuesto en las zonas bajo su influencia.
En vez de esperar en Estados Unidos en un centro de detención para indocumentados, los extranjeros aguardarían el resultado del largo proceso de petición de asilo en territorio mexicano, lo que permitiría al Departamento de Seguridad Nacional clausurar algunos centros de detención y abaratar costes.
“No significa que esas personas sean deportadas a México, sino que lo que se le permite al Departamento de Seguridad Nacional es hacer que esa persona espere en México. Han atravesado México, así que tienen permiso de alguna forma para llegar hasta EE.UU.”, dijo en una llamada con la prensa un alto funcionario del DHS, quien pidió el anonimato.
El funcionario aseguró que los inmigrantes tendrán que esperar en México y no en Estados Unidos, aunque incidió en que el Departamento de Seguridad Nacional aún está trabajando en los detalles operacionales.
Según dijo, la idea es que los inmigrantes puedan ir a un puesto de entrada en la frontera entre México y EE.UU. para tramitar su caso e, incluso, comparecer ante un juez de inmigración en una “corte de entrada”, ya sea físicamente o mediante teleconferencia.
El anuncio desató las alertas en México que teme la aparición de campos de refugiados en su frontera.
“De ningún modo o forma”, apuntó Patrick Murphy, un sacerdote que gestiona el albergue Casa del Migrante en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde actualmente viven unos 55 haitianos. Forman parte de una oleada de miles que llegaron a la frontera en los últimos meses del gobierno del expresidente Barack Obama con la esperanza de lograr asilo en Estados Unidos.
Tijuana se vio desbordada y, aunque el gobierno hizo poco para ayudar, una serie de grupos cristianos abrieron refugios con camas improvisadas, tiendas de campismo e instalaciones sanitarias. La comida donada sirvió para mantener a los haitianos.
Los mexicanos tiemblan ante la idea de lidiar no con miles, sino con cientos de miles de extranjeros en una región fronteriza que ya convive con la presencia de carteles del narcotráfico y violencia.
“Estamos hablando potencialmente de centenares de miles de personas”, dijo Alejandro Hope, un analista de seguridad desde la Ciudad de México. “Vea el caso de los haitianos en Tijuana ¿Cuántos serán, siete u ocho mil? Y ya está desbordada la situación”.
En los últimos años, se ha incrementado de manera exponencial la llegada a Estados Unidos de inmigrantes indocumentados de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, que huyen de la violencia de las bandas criminales y de la falta de oportunidades económicas.
Actualmente, México detiene en su frontera a más centroamericanos que Estados Unidos y, de hecho, en 2015 México deportó a 165.000 centroamericanos, mientras que Estados Unidos expulsó a 75.000.
Coincidiendo con la llegada a EE.UU. en verano de 2014 de miles de niños centroamericanos, el Gobierno de México proclamó el plan “Frontera Sur”, que incrementó la vigilancia en la frontera con Guatemala y cortó algunas de las rutas que tradicionalmente usaban los inmigrantes en su camino al norte.
No obstante, México concede un visado por razones humanitarias a algunas de las personas que llegan hasta su territorio y, en algunas ocasiones, esos inmigrantes tienen como objetivo final llegar a Estados Unidos.
