Los alcances de la incursión del narcotráfico en la política guatemalteca todavía no están debidamente documentados, pero con el proceso de extradición planteado por Estados Unidos en contra de Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla se da un enorme paso para desentrañar de alguna manera parte de ese oscuro pasaje de la actividad partidaria nacional.

El financiamiento de campañas políticas presidenciales, diputaciones o alcaldías no constituyen novedad en el continente, y por ello es que no son del todo sorpresivas las sindicaciones en contra de dos de los más altos líderes del Partido Patriota. Son más preocupantes en todo caso los alcances que podría tener esa promiscuidad entre el crimen transnacional y los políticos.

El flujo de recursos de carteles en procesos electorales es común en varios países, en algunos de los cuales los barones de la droga han logrado influir con sus millonarios aportes para acomodar piezas proclives a sus intereses en numerosas dependencias, las que se ven inutilizadas ante el opaco origen de sus designaciones.

Los señalamientos que hace la justicia estadounidense contra Baldetti y López Bonilla datan de 2010, o por lo menos eso es lo que está documentado, pero es obvio que una actividad de esa naturaleza no se inicia de la noche a la mañana, de lo cual se deduce que fondos provenientes del narcotráfico penetraron de manera significativa las actividades del Partido Patriota y quizá las de otras agrupaciones políticas.

Guatemala no es ajena a la corriente latinoamericana que cobró su mayor auge en Colombia, cuando los poderosos carteles consideraron que era insuficiente la inversión en políticos y optaron por participación más abierta y decisiva, incrustándose en las más importantes instituciones para promulgar leyes o maniatar a la justicia en busca de condenas simbólicas, prisiones llenas de privilegios o entorpecer cualquier proceso de extradición.

La otra cara de ese drama se ha vivido en los últimos años en México, donde la violencia en algunos estados marca la vida de sus habitantes, quienes han sido protagonistas de crímenes despiadados y hasta de violentos enfrentamientos entre los brazos armados del narcotráfico y las fuerzas policiales.

Aunque en menor escala, Guatemala ha vivido ese calvario, pero ha sido más perniciosa la mezcla de estructuras criminales con políticos, porque eso ha devenido en el incremento de otros ilícitos como la violencia y la corrupción, que convierte en esclavos del crimen a quienes acceden a cargos como producto de oscuras negociaciones.

Con los señalamientos contra dos de los exfuncionarios de mayor rango en la administración patriotista se abre un nuevo capítulo para emprender una cruzada contra quienes siguen enquistados en importantes organismos del Estado pero al servicio de corporaciones criminales con el claro objetivo de entorpecer el avance de la lucha contra la impunidad, en claro perjuicio de los guatemaltecos, pues no puede haber nada más perjudicial para un país que sus autoridades en vez de cumplir con su deber se pongan al servicio del crimen transnacional.