AI lanzó la semana pasada una campaña para reclamar a ICE que libere a la mujer indocumentada para que pueda obtener tratamiento médico y estar con su familia.
Beltrán, de 26 años, ha estado desde noviembre de 2015 en un centro de detención en Alvarado (Texas), a excepción de una breve estancia en un hospital local, de donde fue dada de alta el pasado 22 de febrero a pesar de que tenía programada una operación en la cabeza para este lunes.
A principios de este mes, la mujer empezó a sentir fuertes dolores de cabeza, hasta que el 10 de febrero el personal del centro de detención tomó la decisión de ingresarla en el Hospital Huguley de Burleson (Texas), dónde se le diagnosticó el tumor cerebral.
“Estando en este centro de detención, Sara no puede recibir el tratamiento médico requerido para este tipo de enfermedades de manera diaria, por lo que su salud está empeorando por culpa del trato de ICE”, manifestó Mazzola, que recordó que una operación para extraer un tumor cerebral “no es rutinaria”.
No obstante, lo que más preocupa al experto de AI es el postoperatorio, dado que, según la información que pudieron recabar en la últimas horas desde AI, Beltrán tan sólo permanecerá ingresada la primera noche tras la cirugía.
Entre otras acciones, AI movilizó a sus más de 1.2 millones de miembros y simpatizantes estadounidenses para exigier al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la libertad condicional de la salvadoreña mientras se revisa su solicitud de asilo.
La asociación internacional también envió el miércoles una carta al DHS haciendo hincapié en que la detención sólo debe ser utilizada por los funcionarios de inmigración “como último recurso”, y apuntando que la libertad condicional debe ser concedida a aquellos que sufren de emergencias médicas, ya que no plantean ningún riesgo de vuelo.
“Sara nunca debería haber estado detenida durante tanto tiempo para empezar, y mucho menos estar encerrada mientras sufre una grave emergencia médica”, lamentó en un comunicado el portavoz de esta organización en Estados Unidos, Eric Ferrero.
Asimismo, Ferrero señaló que frente a las “agresivas” órdenes de inmigración del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, AI luchará para asegurar que las personas con solicitudes de asilo reciban una audiencia “justa” y un trato “humano”.
En este sentido, aseveró que personas como Beltrán, que buscan asilo por la violencia que viven en sus países de origen, no deben ser tratadas “como criminales” mientras sus casos son procesados.
Condición crítica
Según allegados a Hernández su salud muestra una degeneración progresiva.
“Me siento mareada, con dolor. Ojos cansados. Náusea. Si camino rápido, me siento mareada. El ruido me molesta mucho. No he comido desde ayer (cuando comí ensalada) porque no tengo apetito. A veces se me olvidan las cosas. La lengua no siempre responde”, declaró Beltrán a un abogado que la visitó el jueves en el Centro de Detención Prairieland.
Danielle Bennett portavoz del Servicio de ICE dio algunos detalles de su detención.
“Después de que su médico determinó que estaba estable, fue dada de alta del hospital y devuelta a la custodia del ICE… La señorita Beltrán Hernández tiene una cita con un especialista el lunes, quien determinará qué tratamiento seguirá en el futuro. Hasta entonces, el personal médico del ICE la tiene bajo observación”, afirmó Bennett en un correo electrónico.
Un portavoz del hospital Texas Health Huguley, en las afueras de Fort Worth, adonde fue llevada Beltrán tras desmayarse en el centro de detención el 11 de febrero, dijo que no podía hablar sobre detalles de ningún paciente debido a las leyes de privacidad. Pero señaló que el estatus migratorio de una persona no afecta el nivel de atención que se le brinda.
- Video de una detención
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— SinEmbargoTV (@SinEmbargoTv) 23 de febrero de 2017
“El estatus de residencia de un paciente —ya sea que se trate de un inmigrante indocumentado, un refugiado político, un residente legal permanente, o alguien nacido y criado aquí en Estados Unidos — nunca tendría un impacto en la atención médica que reciben o si se les permite ver a familiares, tener acceso al teléfono, o recibir visitas del capellán”, escribió Elijah Bruette, director de desarrollo de negocios y relaciones con la comunidad en el hospital.
Bruette dijo que en estos casos las agencias policiales son las que tienen el control sobre quién tiene acceso a un paciente, además del equipo médico del hospital.
De acuerdo con registros del ICE, la mujer ingresó ilegalmente a Estados Unidos cerca de Hidalgo, en Texas, el 7 de noviembre de 2015. El 26 de enero un juez de inmigración ordenó que fuera expulsada del país.
Pero los abogados que están apelando el caso de asilo de la mujer sostienen que ella huyó de violencia intrafamiliar y otras amenazas.
Melissa Zúñiga, una asistente jurídica que trabaja en su caso de asilo, voló desde la ciudad de Nueva York para ayudar a solicitar la liberación de Beltrán. Dijo que a los abogados les preocupa que sólo esté recibiendo el analgésico para controlarle el dolor.
- Video del operativo de una detención
EN EL EU DE @realDonaldTrump SE REPITE LAS REDADAS DE LA ALEMANIA NAZI, CRIMEN, NO SER BLANCO. pic.twitter.com/rvGnPntT9u@julioastillero https://t.co/0tIz2dJM9S
— Beto34 (@beto__34) 19 de febrero de 2017
“Estamos solicitando su libertad condicional inmediata por razones humanitarias. No podemos esperar a una audiencia de reevaluación de su fianza. Ella no tiene días, tiene horas… necesitamos sacarla”, afirmó Zúñiga. “Este es el 13er día que no ha sido operada, y no entendemos por qué”.
Zúñiga indicó que Beltrán les dijo a los abogados que tenía las manos y los pies atados cuando fue trasladada de regreso al centro de detención en una silla de ruedas. La asistente jurídica y los abogados de la mujer también dijeron que no se permitió que la familia de Beltrán se comunicara con ella durante un amplio período mientras estuvo hospitalizada.
Bennett dijo que la mujer no estaba atada cuando fue transportada al centro de detención, y que recibió llamadas telefónicas tanto de la familia como del abogado mientras estuvo en el hospital.
El Gobierno de Trump ha establecido en las últimas semanas nuevas directrices para reforzar el control migratorio de EE.UU., con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y contratar a 15 mil nuevos agentes.
