El grupo de vecinos indicó que en dicha comunidad se encuentra un cementerio que ha sido utilizado durante más de 100 años para dar sepultura a pobladores de la aldea. Dentro del camposanto se encuentra en un terreno que la municipalidad compró legalmente en 2001 al señor José Vicente Morales.
Sin embargo, recientemente, la familia Crisóstomo García, compró varios terrenos alrededor del cementerio, y al momento de establecer los límites cubrieron un área que impide el acceso a los pobladores.
El problema se hizo mayor cuando algunos integrantes de la familia empezaron a sugerir el cobro a los vecinos de Los Planes por llevar a cabo la sepultura de sus familiares lo cual alteró los ánimos de la población que manifestó este lunes.
Uno de los inconformes, quien prefirió no identificarse por temor a represalias comentó que los propietarios de esos terrenos comenzaron trabajos de construcción de canchas deportivas en el lugar.
En el proceso, la maquinaria golpeó varias tumbas, por lo cual, los vecinos protestaron que “los huesos de nuestros seres queridos fueron profanados”.
El camposanto, según habitantes, tiene más de 100 años de formar parte de la comunidad. La mayoría, por ser de escasos recursos, no puede costear un cementerio privado.
Los pidieron que el cementerio siga abierto al público, que el Registro de Información Catastral (RIC) mida las propiedades y que el alcalde de San Juan Ermita, Mario Lemus Martínez, gestione un muro perimetral que rodee el cementerio.
Autoridades en busca de solución
Al lugar de la protesta, llegaron tanto el jefe edil como delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos y trabajadores del RIC.
Lemus Martínez afirmó que llevó los documentos legales que poseen la comuna sobre la propiedad y la denuncia del Ministerio Público (MP) que lleva el caso para que todos los procesos sean legales.
“Por ahora lo que se hará será medir el terreno para determinar cuánto de la propiedad corresponde a la familia dueña de las tierras aledañas y cuál es parte de la comunidad. Todo debe ser equitativo y amparado por la ley”, comentó el alcalde.
“Si no se da una solución real a este problema seguiremos tomando estas medidas porque no es posible que esta gente quiera jugar con nuestra comunidad. Nosotros hemos enterrado a nuestros familiares durante años y nadie tiene la potestad de privatizar esto”, agregó uno de los manifestantes que habló también bajo la condición de anonimato.
Por su parte, miembros de la familia Crisóstomo García indicaron que están de acuerdo a que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para solventar el problema y no dieron más declaraciones.
