Muchas de las lacras que azotan a Guatemala se ven multiplicadas en los centros de privación de libertad de las personas, y la situación se agrava cuando se trata de “hogares” para menores de edad, porque la corrupción y el crimen empiezan con las mismas autoridades encargadas de esos lugares.

Estos serían algunos de los factores determinantes para que se desatara la espantosa tragedia ocurrida ayer en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, por el que perdieron la vida 22 adolescentes, durante un incendio cuyo origen todavía no está claro.

Esta nueva prolongación del infierno, como casi cualquier prisión en Guatemala, arrastra un negro historial ante el que las autoridades han puesto oídos sordos. Desde hace aproximadamente dos años, la problemática se ha agudizado, como consecuencia de la constante escapatoria de menores que optan por huir de esas instalaciones, aunque afuera se expongan a enfrentar otras pesadillas.

Más de 200 adolescentes han escapado de ese lugar y las autoridades han tratado de tergiversar la información, atribuyendo el hecho a trata de personas desde el exterior. Sin embargo, muchos de esos abusos empiezan adentro de esos “hogares”, y lejos de atender el llamado para controlarlos, han sido ignoradas las advertencias de la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha alertado sobre desmanes. En algunos casos, a lo más que se ha llegado es a la reubicación de las autoridades denunciadas.

En un preludio de ese fatal desenlace, antenoche escaparon de esas instalaciones unas 60 jóvenes, bajo la denuncia de malos tratos, abusos y condiciones inhumanas, debido a las carencias características de estos centros, tan parecidos a cualquiera de privación de libertad en el país, y sobre todo por el hacinamiento infame que nadie se atreve a encarar.

Las pocas voces que han logrado trascender las paredes de ese infierno relatan condiciones intolerables para cualquier persona privada de libertad, pero sin duda los abusos sexuales y otros atropellos han llegado a límites inconcebibles que han provocado la fuga de decenas de adolescentes cuya salida más probable pueda estar en manos de otras redes criminales que llegan a convertirse en el pasaporte a nuevas penurias para ellos.

Muchos jóvenes que ingresan en este y otros centros lo hacen por ser víctimas de violencia familiar y algunos quizá ni siquiera deberían pasar por esa experiencia, porque adentro se mezclan con menores convertidos en auténticos maleantes, con lo cual el sistema resulta siendo el principal responsable de enviar a numerosos adolescentes al camino sin retorno de la criminalidad, pues la rehabilitación es una utopía cuando estos centros son escuelas del crimen.

Las autoridades deben emprender una exhaustiva investigación para determinar las causas de una tragedia incalificable, y sobre todo se debe indagar sobre el grado de responsabilidad de quienes tenían a su cargo el resguardo de tan elevado número de víctimas, pero también para esclarecer por qué se ignoraron advertencias sobre los riesgos inminentes en los que se movilizaban centenares de internas.