La terrible tragedia que se vivió en Guatemala esta semana se pudo prevenir, pero no se hizo. La responsabilidad recae directamente sobre los funcionarios que no hicieron su trabajo, pero también indirectamente sobre muchos otros responsables de que el sistema haya llegado a los extremos actuales. ¿Irán algunos de ellos a pagar las consecuencias de sus acciones? Lo dudo. ¿Irán siquiera a sentir remordimiento de las consecuencias trágicas de sus decisiones? Lamentablemente, también lo dudo.

Primero se deben investigar los hechos de esta semana y llegar hasta el fondo del asunto para entender qué sucedió y quiénes son los responsables materiales de la tragedia.

Pero ese solo es el inicio. Luego están los funcionarios que tuvieron responsabilidad directa sobre la administración del centro y sus superiores. Ellos también deben pagar las consecuencias de haber fallado en garantizar no digamos la integridad, sino la vida, de aquellos que les habían sido confiados. Esta responsabilidad no cesa con solo retirarlos del cargo. Pongo como ejemplo la persecución penal que se ha hecho sobre los responsables de un colegio privado, en donde un estudiante murió en la piscina. ¿Cuánta más responsabilidad tienen los funcionarios a cargo de este centro?

Pero tampoco termina allí. Esta tragedia nos debería llevar a reflexionar sobre la futilidad de creer que “el Gobierno” nos puede resolver nuestros problemas, cuando al final este no es más que funcionarios y burócratas que en su mayoría no están interesados en resolver esos problemas, sino más enfocados en vivir bien a expensas de los tributarios. Esta tragedia es solo un ejemplo más de las consecuencias de esa errada forma de pensar.

Pero voy más lejos aún. Esta tragedia es una consecuencia de decisiones anteriores. Y entre los principales antecedentes está la legislación antiadopciones aprobada hace una década. Esa legislación tan absurda y mal intencionada que condenó a miles de niños a vivir en el infierno del “sistema gubernamental” y les impidió tener la oportunidad de una mejor vida con una familia adoptiva.

Como suele suceder en nuestro país, los funcionarios ineptos, cuando encuentran una situación en la que algún porcentaje de los casos no se efectúan de manera correcta, en lugar de corregir lo que supuestamente se está haciendo mal, lo que deciden es prohibir completamente la actividad, sin importarles las funestas consecuencias que esa decisión pueda tener.

Eso fue exactamente lo que pasó en el caso de las adopciones. Hicieron una gran campaña en contra de estas, argumentando que algunas se hacían de manera ilegal y en lugar de perseguir a los que supuestamente estaban cometiendo esas ilegalidades, prohibieron las adopciones y según ellos así resolvían el problema. Por su minúscula —y en muchos casos mezquina— mente nunca pasó preocuparse de los miles de niños que legítimamente hubieran podido encontrar en una familia adoptiva una nueva vida y los condenaron a una vida de abusos, penas y desgracias. Las más de 30 niñas muertas esta semana son apenas un recordatorio de todos los miles condenados por una absurda legislación y por quienes la promovieron. Ojalá que por lo menos algún remordimiento sientan todos los que en su momento apoyaron esa legislación como la panacea.

¿Será que algún día entenderemos la importancia de evaluar toda la legislación y decisiones de política pública por las consecuencias que pueden tener sobre todas las personas y no solo en el corto, sino también en el largo plazo?

Fb/jjliber