Una de las situaciones más preocupantes de la compleja coyuntura actual es la relacionada con procesos de persecución judicial contra personajes de la política guatemalteca, en los cuales antes de que se produzcan los hechos los sindicados destacan por su ausencia del escenario nacional o por hacer comentarios anticipados.

En el primer caso se trata del congresista Édgar Justino Ovalle, quien hasta hace pocas semanas era el jefe de bancada del partido oficialista, FCN-Nación, pero que muy curiosamente desapareció de sus labores y de la vista pública desde hace más de un mes. Apenas se conoció de un también muy extraño permiso para faltar por cuatro semanas, en vez de solicitarlo por un mes.

Llama la atención esa ausencia por haberse producido justo cuando una jueza pesquisidora recomienda retirarle el derecho de antejuicio y luego la Corte Suprema de Justicia ratifica la solicitud y lo despoja de toda inmunidad para que, debido a ello, pueda ser investigado por el Ministerio Público, que lo vincula con desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.

El segundo caso se refiere al también diputado oficialista Armando Melgar Padilla, quien hizo señalamientos contra el MP ante supuestas investigaciones por la muerte de su padre y de lo cual circuló un video del sicario responsable de esa muerte relatando que había sido por un asunto relacionado con una herencia. Ocurrió sin que nadie supiera de qué se trataba y al final se convirtió en una coartada muy mal ejecutada. La difusión obligó a autoridades del MP a advertir de que sí existía una investigación por la muerte violenta del padre de Melgar Padilla.

Lo preocupante en ambos casos es que estos dos parlamentarios evidencian haber tenido informaciones precisas previas sobre su situación, pues resulta inexplicable que alguien desaparezca de la escena pública siendo jefe de bancada del partido oficialista y que se haga un misterioso relevo de su cargo sin saber si se han cumplido los requisitos legales. Para colmo, el segundo mando del partido intenta infructuosamente  hacerle creer a la población que no sabe dónde se encuentra Ovalle.

Es una  muestra de la delicada situación por la que atraviesa el país, pues es obvio que los militares muy cercanos al presidente Jimmy Morales cuentan con información privilegiada del Organismo Judicial y del ente de persecución penal. Esta infiltración, a su vez, ratifica el poder de algunas estructuras paralelas para tener acceso a datos sobre investigaciones o decisiones judiciales en marcha, lo cual se traduce en una muy seria amenaza para el sistema jurídico y mina aún más la confianza popular.

Esas maniobras, de una burda audacia, se unen a otras muy similares que también efectúan otros sectores para frenar el avance de la justicia, y se ratifica con las acciones repudiables emprendidas en el Organismo Legislativo, donde un pequeño grupo de diputados cuestionados intentaron infructuosamente favorecer la nefasta impunidad mediante una legislación descabellada, cuyo objetivo principal era blindar a los corruptos protagonistas de la época de   mayor rapiña cometida en el Estado de Guatemala.