La controversia surge luego de que un estudiante de Quinto Bachillerato del Colegio Solalto activó dentro del salón de clases un arma de fuego el 13 de marzo último. El hecho no causó víctimas.
El ministro de Educación, Óscar Hugo López, indicó que el acuerdo 1-2011 es una norma relacionada con la disciplina y la convivencia escolar, y en su artículo 15 establece que queda prohibido el ingreso de armas o cualquier otro tipo de artefacto que ponga en riesgo la vida en un centro educativo.
Una encuesta dirigida a padres de familia, efectuada por Prensa Libre a través de Twitter, señala que una de las medidas más apoyadas para evitar el ingreso de armas de fuego en los centros educativos es la adquisición de detectores de metal, con un 46 por ciento; le sigue la revisión de mochilas, con 33 por ciento; pláticas con estudiantes, 15 por ciento y la convivencia pacífica, 6 por ciento. En total se recibieron 635 votos.
El precio de los portales detectores de metal oscila entre Q17 mil 500 a Q20 mil, según la marca y la empresa proveedora.
El Ministerio de Educación explicó que no está en capacidad para adquirir ese equipo, ya que habría que invertir mucho dinero y no cuenta con presupuesto suficiente. Además, dijo, hay otras prioridades en esa cartera, por lo que no ve necesario en este momento adquirir el equipo de detección de metales.
“El hecho de la revisión de las mochilas está basado en esta normativa, que para el efecto se aprobó, y algo importante en esto es que hay algunas personas que han dicho que revisar las mochilas es violar la intimidad o la privacidad de los niños, y estamos de acuerdo. Sin embargo, el derecho a la vida prevalece sobre el derecho a la privacidad”, explicó.
Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, afirmó que a pesar de la recomendación ministerial no pueden tomar una decisión a la ligera, en respeto a los derechos humanos del niño, como la privacidad, y al hacerlo se debe contar con la presencia de los padres de familia.
“Le hemos enviado una carta al señor ministro, donde se le sugiere una mesa de trabajo con las asociaciones de colegios, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio, para trabajar en conjunto un protocolo, y así, por respetar el derecho de privacidad de una mochila, no se deje de tomar en consideración el peligro de la comunidad educativa”, dijo Brown.
No es la solución
La exministra de Educación María del Carmen Aceña considera que revisar mochilas es una medida a corto plazo y que se debe buscar una solución para el futuro, y para ello trabajar con los jóvenes y los padres. Agregó que se debe establecer una estrategia clara, porque un arma de fuego se puede ingresar a un establecimiento de mil formas.
“Lo que se tiene que cambiar es la conducta y el comportamiento de los alumnos, y obviamente la observación de los maestros y padres de familia para detectar a los niños que están siendo acosados o a los mismos acosadores”, recomendó Aceña.
Una representante de los colegios católicos señaló que los directores están facultados para hacer las revisiones, pero esto se agudiza con la situación que se dio porque nadie está exento, y se pueden también ingresar envases, licor o drogas.
El Colegio Nuestra Señora de Guadalupe es uno de los que tomaron la decisión, desde el año pasado, de revisar las mochilas de los estudiantes, y lo hacen de manera esporádica o aleatoria, para no poner sobre aviso a los jóvenes.
20 mil centros educativos existen en el país.
La Cámara Guatemalteca de Educación considera que el Reglamento de Convivencia permite la revisión de mochilas, al considerarlo necesario en algunos establecimientos.
“En el ámbito público esto no sucede porque se ha perdido la autoridad. Los alumnos en institutos han amedrentado a los maestros y directores. Ahí se debe pedir ayuda a la Policía”, enfatizó.
No inspeccionan
El coordinador de Comunicación de la Asociación de Padres para el Desarrollo Educativo (Apde), entidad que aglutina al Colegio Solalto, Roberto Chavarría, informó que las clases se reiniciaron con normalidad en ese plantel.
Chavarría señaló que no revisaron las mochilas de los estudiantes porque no tienen un documento o notificación sobre esa disposición por parte del Ministerio de Educación.
Q17 mil puede costar un detector de metales.
Agregó que le entregaron un informe a la cartera educativa de lo sucedido el pasado lunes en ese colegio.
A consideración del ministro, el informe dejó muchas dudas, por lo que pidieron una ampliación.
“No aclara situaciones como, por ejemplo, cuáles pudieron haber sido las motivaciones —del menor—. Es un tema que nos preocupa”, comentó el ministro de Educación.
