La Asociación de Periodistas de Guatemala, a través de la Comisión de Libertad de Prensa, denunció que la fiscal general, Consuelo Porras, “impuso evaluaciones semestrales al personal fiscal” y entre ellas incluyó “un alto número” de sentencias que deben alcanzarse, sino “se reprobaría al personal”.
“Con dos pruebas reprobadas, tendría la facultad de destituir al personal fiscal”, recordó la entidad, que ve “ilógico” exigir a los fiscales estos resultados sino se fortalecen los recursos humanos, financieros y materiales de la unidad fiscal, garantizándoles además “estabilidad laboral”.
Si bien las autoridades les aseguraron a los miembros de la Asociación de Periodistas que estos cambios son “transitorios para apoyar temporalmente” a una unidad en específico, aseguran que no hay “garantías” de que el personal de periodistas trasladado y los que ahora conocen otros casos puedan retomar sus antiguas funciones.
Y ven todo esto como parte del interés de “debilitar” las investigaciones de casos de defensores de derechos humanos, en los que se incluye a los periodistas, lo que a su juicio es una “grave afrenta” porque “entorpecería y dilataría los procesos”.
Ante esta situación, la entidad demandó a la fiscal que “abandone” cualquier acción en detrimento de la labor de la Fiscalía de Derechos Humanos y que, por el contrario, contribuya a su fortalecimiento, destinando más recursos y apoyando al personal.
Según un informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, presentado el 8 de febrero pasado, Guatemala “sigue minada” por el crimen organizado y la impunidad y los reporteros “padecen amenazas y agresiones” si denuncian casos de corrupción en los que estén implicados políticos y gobernantes.
En Guatemala, que ocupa el puesto 116 de 180 países aglutinados en la clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros Sin Fronteras recoge que en 2018 dos periodistas fueron asesinados “en extrañas circunstancias”, Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo León.
El informe concluyó que en Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen propiciando que el miedo y la censura reinen y que los reporteros que investigan el crimen organizado y la corrupción han de hacer frente a “intimidaciones, amenazas y violencia física”.
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