Faltaban dos días para aquella funesta mañana del 8 de marzo cuando, a eso del mediodía, recibí varias alertas provenientes de amigos en distintos sectores. Había trascendido que la Presidencia recién anunciaba que más tarde, ese mismo día, en el Palacio Nacional, lanzaría una “Estrategia Nacional” supuestamente elaborada desde el Ejecutivo, con dos finalidades principales: la primera, prevenir la emigración irregular hacia el Norte —vaya menuda tarea—, y la segunda, atender adecuadamente a los migrantes y a sus familias —en especial a quienes deporten México y EE. UU.

La sorpresa fue mayúscula entre la comunidad interesada en la migración, pues previo a ese día no había conocimiento, no solo del evento, sino además de que hubiera siquiera en ciernes una estrategia desde el gobierno central para finalmente atender el problema migratorio del país. En pocas palabras, la sociedad civil no estaba enterada, la Academia no estaba enterada y la prensa no estaba enterada. Aún así, ahí por las cuatro de la tarde, el presidente se asomó junto a miembros distinguidos de su gabinete y anunció frente al cuerpo diplomático radicado en el país, lo que denominó una estrategia, y cuya responsabilidad de ejecución colocó sobre tres actores principales: la primera dama de la Nación, a quien confió el liderazgo de la estrategia, a su amigo personal que lo apoyó durante la campaña en EE. UU., a quien confió la coordinación estratégica, y al entonces titular de la hoy infame Secretaría de Bienestar Social (SBS).

Este evento se dio tan solo días después de las visitas de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, quien en sus primeras acciones estableció, como objetivo prioritario, la deportación de quienes entraron irregularmente a ese país en los últimos dos años. Según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, desde 2014 llegaron irregularmente al menos 38 mil menores de edad guatemaltecos sin compañía paterna. Yo me pregunto si el gobierno estadounidense considerará prudente la deportación de estos menores, especialmente tras quedar en evidencia el trato que el Estado guatemalteco da a sus menores vulnerables, o si, por el contrario, se compadecerán de estas criaturas y esperarán mayor fortalecimiento institucional del país.

En este sentido, un gran problema es que desde que surgió la crisis migratoria en 2014, nuestros diplomáticos han ido a EE. UU. a esconder nuestras debilidades. Recuerdo que entonces escuché al senador por Illinois, Dick Durbain, comunicar al Senado que cuando él preguntó a los embajadores del Triángulo Norte sobre si sus países tenían capacidad de recibir de vuelta a estos miles de menores, reveló que el guatemalteco fue el único en asegurar tener “personal, entidades de caridad, y agencias de gobierno que garantizaran la seguridad de los menores deportados”. El Salvador y Honduras, por su parte, confesaron su incapacidad.

En este tiempo crucial, la reincorporación a la sociedad de los menores deportados es un problema central de Estado. Ahora, trascendidos los crímenes en instituciones a cargo de la SBS, es urgente revertir mensajes inexactos transmitidos diplomáticamente en el pasado. Mucho se debate sobre si las deportaciones en la era de Trump serán masivas o no. Pero en realidad, Guatemala ha evidenciado ser incapaz de garantizar el bienestar de los menores que ya viven en el país, no digamos de cantidades adicionales que puedan entrar desde el extranjero. Es un problema crucial, cuyo tratamiento no puede ser objeto de planes artesanalmente improvisados, ni mucho menos confiados a familiares y amigos, cuya participación inexperta caería nuevamente en la imprudencia y negligencia que da origen a tristes crímenes culposos de Estado.

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