Las decisiones de los funcionarios públicos (sea colegiadamente, como en el Congreso, o individualmente, como en el caso de un ministro) tienen, siempre, alguna consecuencia. Es casi imposible imaginar alguna decisión de un funcionario público absolutamente neutra en sus efectos. Incluso las decisiones que no tienen un contenido directamente patrimonial tienen efectos que pueden favorecer o dañar a terceros.

Por consiguiente, cualquier decisión de un funcionario público tiene para alguna o algunas personas u organizaciones “un coste” o “un beneficio”. Así, si no hubiese ningún tipo de impedimento, cualquier persona u organización que fuese a sufrir un daño de “X” por una decisión de determinado funcionario “F” estaría dispuesta a pagarle a ese funcionario “F” cualquier cantidad de dinero menor que “X” para que “F” no tomara esa decisión. Si la decisión de “F” pudiera generar a una organización “OR” un beneficio de “Y”, entonces “OR” estaría dispuesta a pagarle a “F” cualquier suma de dinero menor de “Y” para que “F” tome esa decisión.

En un mundo imaginario en el que los funcionarios pudieran “vender” a los potenciales afectados sus decisiones como tales, se generaría un proceso en el que, a mayor ámbito de decisión sobre asuntos de mayor cuantía, mayores serían también las expectativas de un funcionario de enriquecerse. Así, por ejemplo, un funcionario con facultades para extender o retener autorizaciones para dedicarse a cualquier actividad productiva, tendría unas expectativas de beneficios muy altas. Un funcionario con facultades para decidir en dónde y con qué características gastar tres millardos de quetzales en carreteras, también tendría expectativas de beneficios muy altas.

En ese mundo imaginario, los funcionarios no harían más que calcular qué tipo de decisiones, dentro del ámbito de sus competencias, pudieran generarles mayores beneficios, ya fuera para que las dictaran o para que no las pronunciaran. Por supuesto, muchas personas quisieran acceder a ser funcionarios en este mundo imaginario y estarían dispuestos a pagar cantidades importantes de dinero para lograrlo. Es probable que invitaran a numerosos inversores a invertir con ellos en el proyecto de convertirse, por ejemplo, en presidente de la república.

En ese mundo imaginario las decisiones de los funcionarios no se tomarían, obviamente, para conseguir algún objetivo de beneficio colectivo. Se tomarían para su propio beneficio, puesto que esto no sería ilegal.
Pero en el mundo real es ilegal que un funcionario público tome decisiones para beneficio propio y no para los objetivos que la Constitución y las leyes establezcan. Esa “ilegalidad” engendra responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales, dependiendo de la gravedad de la desviación de los beneficios, de lo público a lo privado.

Empero, como es bien sabido, las leyes no se hacen valer por sí solas. En última instancia, todas esas responsabilidades se deducen ante un juez. Sí, es a los jueces a quienes toca confirmar en definitiva una sanción administrativa, una condena por daños y perjuicios o una pena de prisión para un funcionario que, ilegalmente, desvía los beneficios de sus actuaciones de lo público a lo privado. Cuando no es posible o resulta muy costoso deducir responsabilidades a los funcionarios que actúan ilegalmente para beneficio propio, cuando el sistema de justicia no funciona, en la práctica, se vuelve legal que los funcionarios públicos actúen para beneficio propio y los cargos públicos se buscan y persiguen para beneficio propio.