En una carta causante de indignación y de incredulidad, enviada ayer la procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, a la madre Igumeni Inés Ayau, directora del Hogar Rafael Ayau —4ª avenida y 16 calle zona 1— le conmina a salir en un plazo de 30 días de esas instalaciones propiedad del Estado, donde la religiosa encabeza una institución católica ortodoxa cuyos logros incluyen la primera escuela pública de educación especial, con 80 estudiantes; la escuela taller de la municipalidad capitalina, con 300 jóvenes en riesgo a quienes se les enseñan oficios diversos; la universidad en línea Rafael Ayau, también gratuita, el colectivo Isla, para jóvenes artistas, la asociación pro hospitalaria de Guatemala y el Centro de estudios mayas Jury Knorosov.

Toda esa labor de beneficio para la comunidad y esos jóvenes, se encuentra en riesgo como consecuencia de una reacción solo explicable por maldad, capricho e indiferencia, así como desconocimiento de leyes y de cómo funcionan las instituciones de este tipo. La madre Ayau envió por las redes sociales un texto en el cual solicita dejar al hogar Rafael Ayau como está, a cargo de personas voluntarias, así como los albergues necesarios. Pero sobre todo, pide al Congreso derogar el acuerdo 77/2007, creador de la Ley y del Centro Nacional de Adopciones y por el cual fueron abolidos “todos los hogares voluntarios, que no le costaban nada al Gobierno”. Este “CNA-Unicef… tiene un presupuesto de 175 millones de quetzales, y ahora después de su fracaso piden ampliar a 225 millones”.

La orden de este desalojo provino en forma directa del presidente Jimmy Morales, comunicada oralmente durante una reunión entre la procuradora Morfín y la monja directora, quien señala además como responsables a las buenas intenciones del gobierno en el 2007, los congresistas y la PGN de entonces y a todas las instituciones a las cuales se advirtió de los riesgos durante diez años. Al leer la copia de la carta oficial de desalojo, no pude evitar una reacción indignada al leer la guizachesca razón: por no haber sido publicado ni registrado, “no nació a la vida jurídica” el acuerdo de 1996 según el cual el Estado le daba a la iglesia católica Antioqueña de Guatemala el usufructo por 50 años. Entonces, requiere la devolución del inmueble. Es decir, imposibilita o dificulta al extremo las tareas en beneficio juvenil mencionadas anteriormente.

Lo peor es el párrafo según el cual se informará a la Contraloría de Cuentas, “institución que tendrá que analizar la rendición de cuentas que debió haberse presentado respecto a la utilización del inmueble”. Esto esconde un oscuro interés y la mezcla de maldad, capricho e indiferencia contra los jóvenes beneficiados. Es el colmo: además lanzan a la contraloría a buscar donde, estoy seguro, las cuentas son transparentes. Concuerdo con la petición de la madre Ayau, y además considero necesario dar marcha atrás a este desatino de efectos contraproducentes, en momentos de buscar cómo se logra lo mejor para estos niños y adolescentes. En Guatemala debe ser abolida toda disposición cuyo efecto sea terminar o desestimular la noble tarea del voluntariado.

La licenciada Morfín no recuerda un par de asuntos. Si un convenio no está inscrito, se debe inscribir, sobre todo si el Estado participa. Por ello, los jóvenes no pueden ser expulsados. Procede un amparo porque le está dando órdenes legales a alguien sin haber previamente un juicio. La funcionaria incumple con su deber de protegerlos, pero sobre todo, luego de quedar demostrada en pocos días y en dos ocasiones la incapacidad del Estado para garantizar el funcionamiento de instituciones relacionadas con jóvenes abandonados o condenados, colinda con la criminalidad eliminar uno eficiente. La combinación es terrible para el presidente Morales: malos asesores, modesta capacidad de funcionarios y el agobio de sentirse, como lo es, responsable último de la inmolación de las 40 niñas.