Esos contribuyentes representan el 81% del plan de fiscalización, y serán los primeros candidatos para aplicar la liberación del secreto bancario.
Leonel Villamar, intendente de Fiscalización de la SAT, refirió que del resultado de esas auditorías se procederá a solicitar información en el sistema financiero a través del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera.
Este juzgado comenzó a funcionar el lunes último.
“Hemos identificado riesgos y por eso se harán las auditorías”, afirmó Villamar.
La información detalla que son 500 auditorías para los contribuyentes con omisión de ingresos; 400 por simulación de gastos; 100 por pérdidas recurrentes y otras 100 por compra-venta de bienes inmuebles.
José Daniel Acevedo, exintendente de Fiscalización, aseguró que el ente recaudador definió que para hacer las auditorías la SAT determinó que “hay dudas razonables”.
En el caso de la compra y venta de bienes inmuebles, Acevedo explicó que el objetivo es determinar la subvaloración de las propiedades, así como el valor real de la transacción.
El otro rubro son las pérdidas en períodos consecutivos —empresas que reportan pérdidas—, eso determinará como se financian las compañías y sus pérdidas y quién o quienes las financian.
Con respecto a la simulación de costos y gastos, el objetivo será verificar el retorno del flujo de efectivo o los mecanismos de distribución de dividendos.
En este punto, Acevedo dijo que se determinará si son empresas reales, existentes o no.
“Los cruces serán clave, además que se podrá tener acceso a información de un tercero”, dijo.