El pasado 9 de septiembre, de forma apresurada, Jimmy Morales habló ante los medios de comunicación y emitió declaraciones contra la organización AC, advirtiendo de que habían recibido dinero del Estado.
“Le he pedido a la Contraloría General de Cuentas que mire el dinero del IGSS hacia las cuentas de Acción Ciudadana, quiero ver si no hay delito allí, y si hay delito, quiero que caiga el peso de la ley sobre esos señores”, dijo.
En esta ocasión, las palabras de Morales no pasaron por alto. De forma separada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y Acción Ciudadana emitieron un comunicado desmintiendo las declaraciones del presidente y este jueves, Marroquín presentó una denuncia en su contra por abuso de poder, abuso de autoridad, difamación, calumnia e injuria.
#LRN Manfredo Marroquín habló sobre la denuncia en contra del mandatario Jimmy Morales. pic.twitter.com/OqXN6a7ys3
— La Red (@Lared1061) September 12, 2019
Marroquín explicó que la relación que AC tiene con el IGSS es por medio de un convenio que la institución del seguro social firmó con la Oficina de las Naciones Unidas Para Servicios y Proyectos (Unops) y del cual Acción Ciudadana fungió como observador.
A través de dicho convenio se creó un nuevo sistema de compras de medicamentos que, a decir de Marroquín, permitió el ahorro de más de Q1,500 millones en un año.
#LRN Comunicado del IGSS por declaraciones del presidente Jimmy Morales. pic.twitter.com/r4Oyu5Gxts
— La Red (@Lared1061) September 11, 2019
“Hemos firmado convenios con más de 30 instituciones del Estado y en ningún caso hemos recibido una retribución. Sería absurdo recibir fondos públicos, que además por estatuto de la organización no podemos recibir, tenemos prohibición de hacerlo”, dijo Marroquín.
Acción Ciudadana es una de las instituciones que ha interpuesto varios amparos en la Corte de Constitucionalidad en contra de las decisiones de Morales y su gobierno. Entre ellos está el amparo para impedir que se hiciera la compra de los aviones argentinos Pampa III y el amparo que buscaba que no entrara en vigencia en acuerdo de tercer país seguro que el gobierno firmó con Estados Unidos.
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