Once agrupaciones de autoridades ancestrales indígenas firmaron el pasado jueves un manifiesto en Sololá en el que desconocen al Congreso, al cual consideran falto de legitimidad, pero también demandan una depuración de los tres organismos del Estado, como única vía para superar la cooptación de las mafias en las instituciones.

Uno de los argumentos que exponen los firmantes es que su acto de buena fe, al solicitar el retiro del artículo 203 relativo a la inclusión y reconocimiento de la justicia indígena, tampoco desentrampó las discusión en el Congreso de las reformas constitucionales en el sector justicia y más bien los diputados han hecho intentos por legislar para favorecer la impunidad.

En efecto, la muestra de dignidad manifestada por el conglomerado indígena al solicitar el retiro de ese artículo era un claro mensaje para poner en evidencia a quienes obstaculizan los cambios y, efectivamente, el Congreso no pudo avanzar más en esa discusión. Por el contrario, varios diputados buscaron introducir iniciativas claramente favorables a entorpecer investigaciones contra criminales.

La depuración de diputados ha sido un clamor reiterado que no ha encontrado eco ni ha logrado un cambio de actitud en el Legislativo ni en ningún otro sector. Más bien, los diputados dan muestras de querer aprovecharse de la indiferencia del guatemalteco para apuntalar la cultura de la criminalidad, con iniciativas que pretenden exonerarlos de responsabilidad en hechos ilícitos cometidos desde el 2008 a la fecha.

No solo se ha detenido la discusión de la agenda legislativa, sino que se acrecienta la preocupación de los congresistas por blindarse ante cualquier embestida de la justicia, como ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando se intentó amnistiar a quienes pudieran haber incurrido en ilícitos, como abuso de autoridad, creación de plazas fantasma, lavado de dinero, discriminación y una generalizada conducta en favor de la corrupción.

En esa vía avanzaba otro intento efectuado el pasado 21 de marzo cuando, en pleno drama por la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los diputados plantearon otra iniciativa con la cual pretendían eliminar cualquier castigo o limitación al transfuguismo, una práctica que ha sido la mejor muestra de los oscuros intereses que mueven a la mayoría de integrantes de la actual legislatura.

Estas son bochornosas acciones que ahora justifican el reclamo de las autoridades indígenas, quienes a su vez llaman a la unidad por el rescate de la institucionalidad, un esfuerzo en el que también ven un trabajo solitario del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a cuyas autoridades expresan su reconocimiento ante la desigual batalla que libran, y por ello claman por una depuración del Estado, “cooptado por las mafias empresariales y militares”.

Guatemala atraviesa una de las coyunturas más difíciles de los últimos años, con una clara precariedad en la conducción en los tres poderes del Estado, y lo menos que cabría esperar es que el manifiesto de Sololá haga recapacitar y cambiar de actitud a quienes ahora son señalados por incapacidad o inmoralidad.