Cuando se tocan temas estructurales, por lo general los guatemaltecos renunciamos a dar una opinión política. Nos escudamos con que “no es un asunto de izquierdas o derechas” y se proclaman “soluciones técnicas”, “soluciones quedabién”, los escándalos se superan, se olvidan y la amnesia en esta tierra es peste. Luego del olvido viene la justificación y los más horrorosos crímenes se deben guardar en las neuronas más lejanas porque “debemos ver para adelante”, así pretendemos que sin cambiar nada, la historia no se repita y se supere, sin embargo, la ley es una decisión política y la política exige tener una visión del modelo de Estado que se construye.

La muerte de 41 patojas quemadas en un albergue destinado para su cuidado y protección desnudó la realidad, ya surgieron quienes procuran superar los valladares del futuro con las horrendas experiencias del pasado. Algunas agrupaciones sostienen que deben “liberarse de nuevo las adopciones” y pretenden que Guatemala compita, como hace unos años, con China y Rusia para exportar niños. Esta es la solución de grupos conservadores del país.

Acá los bebés fueron mercancía. Si se hiciera una “auditoría registral” se evidenciarían las más horrorosas falsedades, así como que muchos “padres y madres” con cédulas falsas registraron “bebés verdaderos”. Poco a poco se fueron cerrando los portillos al crimen, pero la mercantilización sin límites fue la regla. Notarios, niñeras, coyotes, enfermeras, trabajadores sociales, religiosos, oficiales, secretarios y jueces fueron, en algún momento, corrompidos por un sistema que “debía conseguir niños”. Sin duda muchos cambiaron su destino para bien, muchísimos niños lograron un mejor futuro, pero el ambiente en que las adopciones se llevaban a cabo no era sano y tangencialmente se chocaba con lo criminal. Fue tan grosero el asunto que fueron ciertas embajadas las que establecieron médicos certificados por ellas mismas, pruebas de ADN, trabajadores sociales ad hoc y una larga de “nuevos requisitos” para frenar las irregularidades de las autoridades guatemaltecas. El “robo” de niños de los hogares más humildes existió.

Por ese escenario, y de acuerdo a compromisos internacionales, se creó una nueva Ley de Adopciones, se instituyó un órgano llamado Consejo Nacional de Adopciones, que para variar sí se ha burocratizado y sus directores no han terminado de entender que su rol no es ser gerentes, su presupuesto se lo comen en buena parte en dietas innecesarias y ha existido poca voluntad para empoderar a quienes deben decidir, dentro de su competencia, lo que proceda en beneficio de los niños y niñas.

Nos parece inconcebible que se busque volver al modelo que dejó denuncias de falsedad, trata y tráfico de órganos, aunque también historias que sacan lágrimas de alegría por lo que representó para miles de guatemaltecos y donde fue cuestión de la integridad del notario y de la gente involucrada la diferencia. Un sistema descentralizado y poroso que no registró mayor resistencia a la corrupción no puede ser, en estos momentos, la solución.

Debemos ser coherentes y realistas y obligar a que la institucionalidad pública funcione y sea eficiente, debemos empoderar al CNA pero con rendición de cuentas, capacidad institucional y transparencia, así como revisar sus funciones en cuanto a los hogares estatales. Antes de que un bebé se entregue en adopción el Estado de Guatemala debe estar seguro de que en su seno familiar no tiene cobijo o protección, y esto es una máxima. La crisis existe, la solución depende de la visión política que se tenga. La ley, recordemos de nuevo, no es más que una decisión política; tras las adopciones hay jugosas “ganancias”. Se requerirán años para moldear otra realidad ¿empezamos?