El 8 de marzo de 2017, la sociedad guatemalteca observó espantada un incendio en el centro de protección de la niñez denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En ese establecimiento de la Secretaría de Bienestar Social, con capacidad para atender a 300 personas, al momento del suceso estaban hacinados más de 700 niños y niñas, víctimas de maltrato y/o explotación. Los resultados fueron 41 niñas de entre 11 y 17 años muertas por asfixia y quemaduras —forma horrenda de morir—; 15 con lesiones graves, dos de las cuales fueron sometidas a amputaciones, para salvar sus vidas.

El mundo al conocer lo ocurrido se conmovió y ofreció auxilio inmediato; 7 fueron trasladadas a Estados Unidos, gracias a entidades benéficas estadounidenses y a empresarios guatemaltecos que ayudaron, sin hacer publicidad de su noble gesto humanitario, aunque una de ellas no logró sobrevivir.

Existen testimonios y denuncias que califican ese lugar como un centro de tortura estatal que debió ser clausurado meses antes. Las condiciones de vida eran terribles: hacinamiento, trato indigno, violaciones, trata de personas, prostitución, golpes, lo que explica los intentos de niñas y niños por abandonar ese lugar siniestro. Y necesario es repetir que no habían participado en ningún hecho ilícito, como lo declaró públicamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Estaban, teóricamente, bajo protección y abrigo del Gobierno de la República, a través de dependencias específicas, pero lejos de atenderlas como seres humanos, fueron obligadas a permanecer en pésimas condiciones. Y es importante aclarar que las niñas no se fugaron —no eran delincuentes—; huyeron del infierno al que fueron sometidas, hecho que, espero, sea aclarado y se sancione a los responsables.

La acción de las fuerzas de seguridad, al “recapturar” a las menores y no colocarlas a disposición de la Procuraduría General de la Nación, o de un juzgado de menores para determinar la realidad de los hechos y disponer el destino de protección apropiado para ellas, es prueba evidente de la falta de capacitación de los policías en materias de trato y protección a la niñez y la adolescencia.

También se observa ausencia de medidas preventivas contra la violencia. Las autoridades de Salud Pública o Educación no han desarrollado campañas de información sobre el maltrato y la circularidad de la violencia. En otras palabras, las instituciones públicas tienen una actitud reactiva a las crisis; no las previenen. Eso hace responsable al Gobierno de acontecimientos graves como el que se registró en el hogar citado.

Detener a las niñas y retornarlas al Centro del que huían no solo encuadra dentro de la detención ilegal, sino también en una forma ilegal de privación de libertad.

Hacinar a medio centenar de niñas en un pequeño cuarto de 4×4 metros es una forma de tortura. Desatender los gritos y no abrir el candado para que pudieran escapar de las llamas fue como disparar en la cabeza de cada una.

El presidente de la República declaró que la medida se tomó como precaución, para evitar que se agredieran en sí. Se tomaron las medidas necesarias, incluida la de poner llave —afirmó—. Pero, fue eso lo que precipitó la tragedia. Sin candado, quizás se habrían salvado.

Ojalá que “las medidas necesarias” no sea el argumento que encubra este crimen en un marco de impunidad. El privar a las niñas de su libertad física, torturarlas, no auxiliarlas, es un crimen contra la humanidad, sancionado por el Estatuto de Roma. Por ello, el Gobierno debe ser el más interesado en su esclarecimiento y facilitar una investigación independiente al Ministerio Público, con el acompañamiento técnico de la Cicig, el FBI, si es necesario, y cualquier otra entidad especializada.

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