Dinero, política y crimen son términos que en Guatemala conllevan la connotación de corrupción y gracias a sus interrelaciones también ha sido posible conocer a muchos protagonistas de su efecto y a la vez responsables del deterioro de un modelo partidario perverso, alineado con el único objetivo de acceder a un enriquecimiento inescrupuloso.

En nuestro medio ha sido difícil proceder legalmente contra quienes han hecho de la política un modelo canallesco de vida, y en ello ha jugado un papel importante el financiamiento de esos liderazgos, porque con esos oscuros aportes se busca invariablemente colocar a gente proclive a la corruptela en cargos de enorme incidencia en los poderes del Estado.

Colocar piezas claves a lo largo de la cadena burocrática ha sido el modelo prevaleciente en los últimos gobiernos, pero hasta ahora no se había podido proceder legalmente contra esas mafias, aunque era muy conocido el interés de poderosos sectores en financiar a políticos maleables, capaces de pagar con creces esos aportes millonarios para proyectos electoreros.

Ese panorama empieza a cambiar a partir del 2015, cuando la Cicig revela investigaciones contra diputados, funcionarios y particulares involucrados en financiamiento electoral ilícito en el caso Lavado y Política. Esas investigaciones han permitido conocer el funcionamiento de una de esas estructuras instaladas para llevar a políticos al poder, pero también cómo operan aquellos funcionarios ubicados en cargos decisivos.

En un nuevo capítulo de las pesquisas, ayer fueron capturados los diputados Manuel Barquín Durán y Jaime Martínez Lohayza, quienes están sindicados de asociación ilícita, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito y peculado. También fue detenido el exalcalde de Jutiapa Basilio Cordero, señalado del delito de peculado por sustracción. Todos pertenecientes al recién desaparecido Partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

Este es otro de los casos que ilustran la incrustación de mafias en el Estado, pues de las relaciones entre empresarios, diputados y funcionarios corruptos, unidos en una red de lavado de dinero, se buscaba llevar a los más altos cargos del país a cómplices de sus fechorías. Uno de esos personajes es el excandidato a la vicepresidencia por Líder, Édgar Barquín, quien colaboró con ese grupo cuando era presidente del Banco de Guatemala, y por ello fue condenado a dos años y medio de prisión pero quedó libre gracias a un beneficio contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Con la aprehensión de dos de los más poderosos diputados de los últimos años se da un paso más en la lucha contra la corrupción, y en esta oportunidad hacia el esclarecimiento de uno de los casos más emblemáticos de financiamiento electoral ilícito, causante del mayor retroceso en el ejercicio de la política partidista.

El fortalecimiento de la democracia será posible si se consolidan los esfuerzos contra la corrupción y se disuade a quienes solo buscan ocupar puestos a través de alianzas con criminales o financistas inescrupulosos, cuyo principal objetivo es alcanzar el poder de manera ilegítima para cobrarse con creces la inversión en políticos rapaces.